El Gobierno busca aprobar sin modificaciones el proyecto del denominado Súper RIGI, pero La Libertad Avanza no tiene los votos para imponer su propia versión y Patricia Bullrich tuvo que abrir una negociación con los bloques aliados para evitar que la iniciativa vuelva a trabarse en el Senado.

La situación expone una de las principales dificultades parlamentarias del oficialismo: el Gobierno pretende avanzar con una de sus principales apuestas económicas, pero su propia bancada reconoce que no tiene fuerza suficiente para aprobarla sin hacer concesiones. 

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aceptó cambios reclamados por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, principalmente en dos puntos sensibles: la protección de las empresas nacionales y el abastecimiento energético de los grandes centros de datos vinculados con la inteligencia artificial. 

La negociación dejó además una señal de tensión dentro del propio oficialismo. Mientras Bullrich avanzaba durante los últimos quince días en conversaciones con los bloques aliados para reunir los votos necesarios, el equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo, no fue consultado sobre esas modificaciones y tomó conocimiento de los cambios cuando ya habían trascendido públicamente. 

Desde el Gobierno hicieron saber entonces su rechazo a algunas de las reformas negociadas, en particular a la exigencia de que las nuevas industrias electrointensivas -entre ellas los mega centros de datos- cuenten con sistemas propios de generación eléctrica para evitar que el incremento de la demanda recaiga sobre las redes provinciales y termine afectando el abastecimiento de la población. 

"Me encantaría tener 37 votos, pero lamentablemente tengo 21, con lo cual tengo que cerrar acuerdos para las leyes", reconoció Bullrich ante sus allegados, en una frase que sintetiza la relación de fuerzas que enfrenta el oficialismo en el Senado, indicó la agencia Noticias Argentinas. 

El planteo adquiere mayor peso porque el Súper RIGI constituye una de las apuestas centrales del Gobierno para atraer inversiones de las grandes compañías tecnológicas, las nuevas industrias vinculadas con la inteligencia artificial y los proyectos relacionados con minerales críticos. 

El régimen ofrece un paquete de beneficios fiscales, aduaneros  y el desafío político para el oficialismo es conseguir que esos incentivos sean aprobados sin que los bloques aliados consideren que se está dejando en segundo plano a la industria nacional o trasladando a las provincias los costos de las nuevas inversiones.