La salida de Marco Lavagna de la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la suspensión de la aplicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) desataron una de las polémicas más sensibles del arranque del año para el Gobierno de Javier Milei.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a dar explicaciones públicas, negó cualquier intento de manipulación estadística, rechazó versiones sobre presiones externas y apuntó directamente contra la oposición y exfuncionarios por "instalar sospechas" sobre la medición de la inflación.

Una renuncia sin conflicto personal, pero con desacuerdo político-técnico

Caputo insistió en que la salida de Lavagna se dio en "condiciones completamente amigables" y que no existió una ruptura personal ni institucional. Sin embargo, reconoció que el detonante fue una diferencia de criterio central: cuándo debía implementarse el nuevo índice de inflación.

Según explicó, Lavagna impulsaba avanzar con la nueva metodología a comienzos de 2026, mientras que el Presidente y el Ministerio de Economía sostuvieron desde el inicio que el cambio debía realizarse únicamente cuando el proceso de desinflación estuviera completamente consolidado. 

El argumento oficial fue evitar comparaciones "distorsivas" entre índices construidos sobre bases de consumo muy diferentes.

El trasfondo económico: volatilidad, dolarización y expectativas

Caputo vinculó directamente la postergación del nuevo IPC con el deterioro del clima político y financiero de los últimos meses de 2025, cuando -según su análisis- se produjo un ataque político que derivó en una fuerte dolarización del M2, impactando negativamente en el crecimiento, el riesgo país y la dinámica inflacionaria.

En ese escenario, el Gobierno consideró que introducir un nuevo índice con ponderaciones distintas podía generar ruido adicional, alterar expectativas y debilitar el proceso de desaceleración de precios que la gestión libertaria busca consolidar como uno de sus principales logros.

Rechazo a las versiones sobre el FMI

Uno de los puntos más sensibles de la controversia fue la supuesta presión del Fondo Monetario Internacional para actualizar la medición del IPC. Caputo fue categórico: negó de plano cualquier exigencia del organismo y aseguró que no existía condicionamiento alguno vinculado al acuerdo vigente.

Este punto fue clave para desactivar una narrativa que circuló con fuerza tras la renuncia de Lavagna y que sugería una intervención externa sobre las estadísticas oficiales, un fantasma históricamente sensible en la Argentina.

El mercado como termómetro de confianza

Para reforzar su argumento, el ministro apeló a un dato financiero: el comportamiento de los bonos ajustados por inflación (CER). Caputo subrayó que, en medio de la turbulencia política y la caída de la Bolsa, los bonos atados al IPC no solo no cayeron, sino que subieron, lo que -según su lectura- demuestra que el mercado no percibe riesgo de manipulación del índice.

"Si hubiera dudas sobre el IPC, esos bonos serían los primeros en desplomarse", razonó el titular de Economía, en una defensa indirecta de la credibilidad estadística actual.

Pedro Lines y la continuidad técnica del Indec

Tras la salida de Lavagna, el Gobierno designó a Pedro Lines al frente del Indec. Caputo destacó que se trata de un técnico de carrera, con fuerte respaldo interno, y remarcó que su nombramiento contó con el aval del directorio del organismo.

La señal política fue clara: no habrá una reestructuración del Indec ni un cambio abrupto en su funcionamiento, sino una continuidad técnica alineada con la estrategia general del Ejecutivo.

La interna con Cottani y el fuego cruzado

La polémica escaló cuando el exviceministro Joaquín Cottani afirmó que el nuevo IPC estaba listo desde mediados de 2024 y que su postergación carecía de sentido técnico. Caputo respondió con dureza, descalificó públicamente al exfuncionario y lo acusó de buscar desacreditar al Gobierno tras su salida del equipo económico.

El cruce dejó al descubierto tensiones internas dentro del propio espacio económico libertario, con miradas divergentes sobre el equilibrio entre rigor técnico, oportunidad política y manejo de expectativas inflacionarias.

El debate metodológico de fondo

Desde el Gobierno explican que el IPC vigente se basa en una Encuesta Permanente de Hogares de 2018, pero advierten que la pandemia modificó de forma estructural los patrones de consumo, especialmente en la relación entre bienes y servicios.

Para Caputo, lo lógico es completar el ciclo de desinflación, realizar una nueva encuesta y recién entonces actualizar la metodología, evitando que el cambio de ponderaciones introduzca saltos artificiales en el índice.