La Cámara Federal de Casación Penal anuló el cierre del expediente y ordenó reabrir la causa por la represión a jubilados frente al Congreso. El fallo dispuso investigar a todos los responsables por las lesiones a un manifestante, apartó a los jueces que habían convalidado el archivo y cuestionó la actuación del fiscal Eduardo Taiano.

El tribunal consideró que la clausura resultó arbitraria y prematura y ordenó retomar la investigación con nuevas medidas de prueba. También puso el foco en la identificación de los responsables del operativo de seguridad.

El caso se originó tras la denuncia impulsada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel junto a la abogada María del Carmen Verdú. El expediente se centra en la agresión a Egidio Contreras, un jubilado de 75 años que sufrió una fractura de húmero tras un empujón de efectivos policiales durante una protesta frente al Congreso.

Qué cuestionó la Cámara de Casación

Los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma sostuvieron que la investigación no avanzó sobre aspectos clave y que el cierre dejó sin respuesta hechos de gravedad institucional. El tribunal señaló la ausencia de peritajes médicos, la falta de identificación de los agentes involucrados y la omisión de reconstruir la cadena de mando.

El fallo también criticó el enfoque del fiscal porque descartó la existencia de delito sin agotar las medidas necesarias. Para el tribunal, esa decisión implicó una denegación de justicia y favoreció la impunidad en un caso de violencia estatal.

La resolución incluyó el apartamiento de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Casación entendió que esos magistrados validaron el archivo sin profundizar la investigación y condicionaron el avance del expediente.

Críticas al uso de la fuerza

Uno de los ejes centrales apunta al accionar de las fuerzas de seguridad. Slokar advirtió sobre un "paradigma beligerante de combate" en operativos contra manifestantes y afirmó que ese criterio contradice estándares constitucionales.

El magistrado sostuvo que el uso de la fuerza debe respetar principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Según el análisis del tribunal, el operativo mostró un despliegue desproporcionado frente a personas sin resistencia.

También advirtió que la violencia estatal contra sectores vulnerables genera un "efecto desaliento" que afecta la participación ciudadana y el debate público. El fallo alertó que ese tipo de prácticas puede deteriorar el sistema democrático.

Derechos en juego y advertencias internacionales

La Cámara remarcó que la protesta pacífica forma parte de derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. El tribunal citó estándares de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obligan a investigar la violencia contra manifestantes.

El fallo se conoció días después de que la Comisión Interamericana advirtiera sobre la represión de protestas en Argentina y señalara retrocesos en libertades públicas. Ese contexto internacional reforzó la relevancia institucional de la decisión.

Qué ordenó la Justicia

Casación dispuso medidas concretas para avanzar en la causa. Entre ellas, la citación de la víctima para prestar declaración testimonial, la realización de pericias médicas y la reconstrucción de la cadena de mando del operativo.

El tribunal también puso el foco en las imágenes registradas durante la protesta, que muestran un despliegue policial amplio frente a manifestantes sin signos de violencia. Ese material se incorporará como prueba clave para determinar responsabilidades.

La resolución también abrió la revisión del protocolo antipiquetes aplicado en el operativo, cuya legalidad ya se encuentra bajo análisis en otros expedientes judiciales.