El juez federal Sebastián Casanello procesó a siete empresas del sector asegurador acusadas de haberse beneficiado con contratos irregulares con organismos públicos durante el gobierno de Alberto Fernández, y avanzó además contra el exintendente de la Quinta de Olivos, Hugo Daniel Rodríguez, a quien imputó por su participación en la operatoria investigada.

La resolución se inscribió en la causa conocida como "Caso Seguros", en la que el magistrado ya había procesado el año pasado al expresidente y a otras 33 personas. En este nuevo tramo del expediente, Casanello aplicó la ley 27.401, vigente desde diciembre de 2017, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando los delitos se cometen en su beneficio.

El rol del exintendente de Olivos

Rodríguez, designado intendente de la residencia presidencial por Fernández, quedó procesado como partícipe secundario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y como autor del incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según el fallo, colaboró para facilitar los encuentros entre el entonces presidente y el broker Héctor Martínez Sosa, entre otras acciones, al habilitar el ingreso del intermediario a la Quinta de Olivos sin dejar registro.

El juez señaló que Rodríguez realizaba tareas para Fernández incluso antes de su llegada a la Presidencia y que esos trabajos eran abonados por Martínez Sosa, a quien describió como una persona de su "círculo íntimo".

Empresas procesadas y alcance de la decisión

El juez definió la situación procesal de varias firmas del sector. En este tramo del expediente, siete compañías quedaron procesadas, mientras que Levelar SA obtuvo la falta de mérito.

Las imputaciones varían según la empresa, pero en todos los casos el magistrado consideró acreditado que se beneficiaron de contratos irregulares con el Estado sin contar con mecanismos adecuados de prevención. La causa tuvo impulso inicial a partir de una investigación periodística y luego avanzó en sede judicial.

Las empresas procesadas fueron Héctor Martínez Sosa y Cía. SA, Bachellier SA, Bri Broker SA, TG Broker SA, San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA, San Germán Seguros SA y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.

En cuanto a la tipificación penal, San Cristóbal fue procesada por el pago de sobornos, mientras que en el resto de las compañías el juez imputó negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, además de otras conductas según cada caso. En su resolución, Casanello sostuvo que estas firmas obtuvieron beneficios indebidos al no haber implementado mecanismos adecuados de control interno y prevención, tal como exige la normativa vigente. A la Justicia, explicó, le corresponde actuar cuando constata "una organización defectuosa, que en lugar de prevenir los riesgos inherentes de la actividad, los aceptó y dio plausibilidad a la comisión de delitos en su beneficio".

Comisiones millonarias y conflicto de interés

La causa investiga irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos públicos durante la gestión de Fernández, quien había sido superintendente de Seguros en los años noventa. Según el expediente, de los presuntos hechos de corrupción se habrían beneficiado las firmas procesadas, sin haber puesto en marcha procedimientos internos para evitar esas prácticas.

De acuerdo con el fallo, las comisiones percibidas por Martínez Sosa durante el gobierno de Fernández alcanzaron los $2.252 millones y representaron cerca del 60% del total de las comisiones abonadas por Nación Seguros. Ese monto superó ampliamente al de la empresa ubicada en segundo lugar, que concentró el 17% de los pagos.

Embargos y contratos con fuerzas federales

Junto con los procesamientos, el juez ordenó embargos millonarios sobre las compañías. El más elevado recayó sobre Bachellier SA, por $9.669.697.257,25. Esa firma mantuvo contratos con la Gendarmería Nacional Argentina, el Ministerio de Seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina.

Para Casanello, quedó acreditado que el entonces presidente intervino desde su cargo para favorecer el plan de expansión de los negocios del grupo de Martínez Sosa con el Estado. Esa expansión, sostuvo el magistrado, se reflejó con claridad en los números que hoy ocupan un lugar central en el expediente judicial.