A pesar del recurso de queja presentado ante la Justicia, el Estado Nacional debe pagar USD 10 millones en concepto de honorarios de los abogados de Cristina Kirchner y de otros imputados en la causa Vialidad. Esto ocurre en un juicio civil paralelo al penal, mientras la Justicia todavía no logró embargar ni cobrar nada de los USD 587 millones que la expresidenta debe pagar por su condena.

Vialidad Nacional había iniciado una demanda civil contra los acusados de la causa. El organismo dejó de impulsar el reclamo. Es decir, no presentó escritos ni movió el expediente, entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025, ya en la gestión de Milei. Por esa inactividad, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró la "caducidad de la instancia": dio por terminado el juicio por falta de impulso procesal del propio Estado.

Al cerrarse el juicio, correspondía regular los honorarios de los abogados que "ganaron" (los demandados), pero la Cámara frenó ese trámite el 14 de julio hasta que se expida la Corte Suprema.

Los abogados de Fernández de Kirchner, Luis Goldín y Fernando Muriel, se presentaron ante la Corte para denunciar "privación de Justicia" y pidieron que se aule esa decisión de frenar los honorarios.

Argumentaron que el Código Procesal no permite suspenderlos mientras la Corte no resuelve una queja. Vialidad Nacional, por su parte, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para tratar de revertir la caducidad y evitar pagar.

Con esta decisión, el Estado terminaría pagando una cifra millonaria por su propia negligencia procesal. En este caso, no haber impulsado la causa a tiempo, mientras que aún no cobró nada de la condena penal a CFK. Además, el organismo estatal pierde por inacción y debe pagarles a las defensas de los propios condenados. 

La decisión final queda en manos de la Corte Suprema, que debe resolver tanto la queja de vialidad (para evitar pagar) como el planteo de los abogados de Fernández de Kirchner para destrabar el cobro.