La Libertad Avanza consiguió este jueves poner en marcha en el Senado el debate del proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada", una iniciativa que incluye cambios en materia de desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y, especialmente, una profunda modificación de la ley de Tierras que habilitaría la eliminación de los límites vigentes para la compra de campos por parte de extranjeros.

La sesión comenzó pasadas las 12 luego de una negociación contrarreloj del oficialismo con bloques aliados y representantes de gobiernos provinciales, en medio de dudas sobre la posibilidad de reunir el quórum y alcanzar los votos necesarios para otorgarle media sanción a la iniciativa y enviarla a la Cámara de Diputados.

La incertidumbre había crecido durante la noche previa al debate, cuando se conoció que al menos tres senadores radicales no participarían de la jornada legislativa. Tampoco estaban previstas las presencias de un integrante del bloque Provincias Unidas ni de los dos representantes santacruceños, críticos de algunos de los aspectos centrales del proyecto impulsado por el oficialismo.

El apuro para llegar a la sesión con quorum expuso también las tensiones dentro del oficialismo. Según trascendió, la vicepresidenta Victoria Villarruel se manifestó en contra de realizar la sesión apenas horas después de la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial tras vencer a Inglaterra.

"¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?", le habría reprochado Villarruel a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, durante un intercambio privado marcado por las diferencias sobre el proyecto y la oportunidad política del debate.

La discusión escaló rápidamente y derivó en fuertes cruces personales entre ambas dirigentes, reflejando las tensiones internas que atraviesan al oficialismo incluso en una jornada en la que el Gobierno buscaba mostrar fortaleza parlamentaria para avanzar con una de sus reformas más sensibles.

Idas y vueltas por la Ley de Tierras

 La versión que llegó al recinto era el borrador número 15 desde la firma del dictamen. El principal punto de controversia es la reforma de la ley de Tierras sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que estableció límites a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras con el objetivo de preservar el control nacional sobre recursos considerados estratégicos.

La normativa vigente fija un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, y además establece restricciones por nacionalidad para evitar una concentración excesiva de propietarios de un mismo país.

El proyecto libertario elimina esos límites cuantitativos y reemplaza el esquema actual por un sistema basado en autorizaciones administrativas y provinciales en determinados casos específicos.

La nueva redacción mantiene la prohibición para que los Estados extranjeros adquieran tierras rurales en el país y extiende esa restricción a empresas con participación estatal extranjera, aunque contempla excepciones siempre que exista autorización tanto del Poder Ejecutivo nacional como de la provincia donde se encuentre el inmueble.

Un criterio similar se aplicaría para las operaciones sobre inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera, que también requerirían el aval de ambas jurisdicciones.

Uno de los cambios introducidos en las últimas horas fue la eliminación del mecanismo de "silencio administrativo positivo" previsto en versiones anteriores del texto. Esa cláusula establecía que, ante la ausencia de respuesta de las autoridades nacionales o provinciales, la autorización debía considerarse automáticamente concedida. La supresión de ese punto fue interpretada como una señal hacia sectores dialoguistas que reclamaban mayores controles sobre este tipo de operaciones.