El plazo para cumplir con el pago del decomiso en la causa Vialidad venció este martes sin que ninguno de los nueve condenados abonara la suma fijada. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Comodoro Py quedó así habilitado para avanzar en el remate de bienes, con el objetivo de recuperar parte de los $684.000 millones, equivalente a unos USD 537 millones, que la Justicia determinó como producto de la maniobra fraudulenta.

Cristina Kirchner presentó a último momento un pedido para frenar el decomiso. Su defensa solicitó suspender la medida, recalcular el monto y derivar el expediente a la justicia civil y comercial federal. 

En su presentación, la exmandataria cuestionó que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no hayan realizado una investigación patrimonial exhaustiva para determinar con certeza cuáles de sus bienes podrían ser decomisados. Sostuvo que no posee activos vinculados al delito por el cual fue condenada y defendió la legitimidad de la evolución patrimonial de su familia.

Fernández de Kirchner también impugnó la metodología utilizada por el tribunal para actualizar la suma del decomiso. Los peritos de la Corte Suprema aplicaron la inflación medida por el Indec, lo que elevó la cifra a $684.000 millones. En cambio, el perito de la defensa utilizó la tasa del Banco Central y calculó un monto de $42.000 millones de pesos.

El tribunal ahora deberá resolver si acepta el pedido de la defensa o si avanza con la ejecución de bienes. De confirmarse esta última opción, podrían rematarse propiedades y activos registrados a nombre de los condenados, entre ellos Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y exfuncionarios de Vialidad de Santa Cruz.

La estrategia de la defensa apunta a que el caso sea revisado por la Cámara de Casación, con el argumento de que el decomiso actual presenta “errores fácticos y jurídicos”. También busca que el debate sobre la eventual responsabilidad patrimonial se dirima en el fuero civil y comercial.