La Cámara de Diputados ya tiene una fecha marcada en rojo para el oficialismo. El presidente del cuerpo, Martín Menem, les comunicó a los principales referentes parlamentarios que el Gobierno pretende abrir el recinto el próximo 24 de junio para tratar una serie de iniciativas consideradas prioritarias por la Casa Rosada.

La convocatoria se dará en medio del Mundial de Fútbol y busca mantener activo el ritmo legislativo, pese a que la atención pública estará concentrada en la participación de la Selección argentina. De hecho, la sesión quedaría ubicada entre dos partidos de la fase de grupos, una señal de que el oficialismo no está dispuesto a postergar la agenda parlamentaria.

Según fuentes legislativas, la intención es llegar a esa fecha con los dictámenes listos para debatir tres proyectos centrales: el denominado Súper RIGI, la ley de lobby y la autorización para concretar el acuerdo de pago alcanzado con dos fondos buitre que aún mantienen litigios abiertos contra la Argentina.

El Gobierno apuesta a una ley para transparentar el lobby

Uno de los proyectos que más avanzó en las últimas semanas es el que crea un régimen de transparencia para la gestión de intereses, conocido informalmente como ley de lobby.

La iniciativa ya comenzó a discutirse en comisión y el oficialismo espera conseguir dictamen durante la segunda quincena de junio. El texto busca establecer reglas claras para las reuniones y gestiones que realizan empresarios, organizaciones y representantes de distintos sectores ante funcionarios y legisladores.

La propuesta obliga a registrar esas actividades y a dar publicidad a los encuentros que mantengan los funcionarios públicos con quienes busquen influir en la elaboración de políticas o decisiones estatales.

En el Gobierno consideran que la norma permitirá terminar con una zona gris histórica de la política argentina y acercar el funcionamiento institucional a modelos vigentes en países como Estados Unidos.

Además, se trata de una de las iniciativas que menos resistencia genera entre los bloques dialoguistas, donde existe consenso sobre la necesidad de transparentar una actividad que actualmente carece de una regulación específica.

El Súper RIGI, una apuesta para atraer inversiones tecnológicas

Otro de los ejes de la futura sesión será el denominado Súper RIGI, un nuevo régimen de incentivos que apunta a captar inversiones de gran escala en sectores vinculados a la innovación tecnológica y la transición energética.

El proyecto amplía la lógica del RIGI aprobado junto a la Ley Bases, aunque con condiciones mucho más exigentes y un universo de actividades más acotado.

La iniciativa apunta a fomentar desembolsos multimillonarios en industrias consideradas estratégicas para las próximas décadas, como la producción de baterías, la inteligencia artificial, los semiconductores, el hidrógeno verde, los vehículos eléctricos y la energía nuclear de nueva generación.

Durante el debate en comisión, funcionarios del Ministerio de Economía remarcaron que el nuevo esquema busca atraer proyectos que todavía no existen en el país y que requieren un horizonte de previsibilidad de largo plazo para concretarse.

A diferencia del régimen original, que también contemplaba proyectos vinculados a recursos naturales e infraestructura, el Súper RIGI se concentra en actividades de alto contenido tecnológico y exige inversiones mínimas de USD 1.000 millones para acceder a los beneficios.

La apuesta oficial es posicionar a la Argentina como un destino competitivo frente a otros países que también buscan captar capitales para industrias de frontera.

El Congreso deberá definir el acuerdo con los fondos buitre

El tercer tema que aparece en la agenda es el proyecto que autoriza el acuerdo alcanzado con los dos últimos fondos buitre que mantienen reclamos activos contra la Argentina por bonos en default.

La iniciativa ya recibió media sanción en el Senado y ahora deberá superar el examen de Diputados antes de fin de mes.

El entendimiento contempla pagos por USD 171 millones y forma parte de la estrategia del Gobierno para cerrar definitivamente los litigios derivados de la crisis de 2001 y de los procesos de reestructuración de deuda que se desarrollaron durante las últimas dos décadas.

Desde el oficialismo sostienen que el acuerdo representa una solución favorable para el país porque incorpora una reducción cercana al 30% sobre los montos reclamados originalmente por los acreedores.

La fecha límite para concretar el entendimiento es el 30 de junio, por lo que el tratamiento en Diputados aparece como una prioridad inmediata para la administración de Javier Milei.

Una prueba de fuerza para el oficialismo

La sesión prevista para el 24 de junio también funcionará como una prueba política para el Gobierno. Después de varios meses de negociaciones legislativas complejas, la Casa Rosada buscará demostrar que mantiene capacidad para construir mayorías y avanzar con proyectos propios en el Congreso.

Por eso, durante las próximas semanas, el oficialismo intensificará las conversaciones con los bloques aliados y con sectores de la oposición dialoguista para garantizar los votos necesarios.

Con inversiones, transparencia institucional y resolución de conflictos financieros como ejes, el Gobierno intentará convertir esa sesión en una de las más importantes del año parlamentario.