Un grupo de diputados nacionales del bloque Provincias Unidas presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe los fundamentos jurídicos, sanitarios e institucionales de la decisión de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La iniciativa también solicita una evaluación de las consecuencias que la medida podría generar en el sistema de salud nacional.

Los legisladores expresaron su "profunda preocupación" ante la decisión del Gobierno y reclamaron que el Congreso de la Nación intervenga antes de que la medida se concrete.

"Si entrar requirió aprobación parlamentaria, salir también debe pasar por el Congreso. No es un tecnicismo: es la división de poderes".

Reclamo por el rol del Congreso

El proyecto está encabezado por el diputado bonaerense Pablo Juliano y cuenta con la firma de los legisladores Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Juan Brügge, entre otros.

En el texto, los diputados sostienen que "una decisión de esta magnitud no puede ser resuelta unilateralmente por el Ejecutivo" y remarcan que la Constitución Nacional atribuye al Congreso la facultad de aprobar o rechazar tratados internacionales.

Advertencias sobre el impacto sanitario

Los autores de la iniciativa recordaron que la Argentina integra la OMS desde 1948 y advirtieron que abandonar el organismo implicaría "quedar al margen de las redes internacionales de vigilancia epidemiológica, cooperación científica y asistencia técnica en salud pública".

Ingreso a la OMS: Argentina es miembro desde 1948. Alcance del organismo: cooperación científica y asistencia técnica en salud. Riesgo señalado: salida de redes internacionales de vigilancia epidemiológica

Según señalaron, en un contexto global donde "las enfermedades no reconocen fronteras", la pertenencia a este tipo de organismos resulta clave para la coordinación sanitaria internacional.

En este marco, el proyecto busca abrir el debate parlamentario sobre una decisión que, según los legisladores, tiene impacto institucional y sanitario, y que requiere tratamiento en el ámbito del Congreso antes de su eventual implementación.