El diputado nacional Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto de reforma del Código Penal para incorporar el delito de mercenarismo y sancionar a las organizaciones armadas privadas ilícitas, ante el avance de nuevas formas de violencia y la participación de estructuras privadas en conflictos bélicos internacionales.

La iniciativa del legislador del Frente Renovador establece penas para quienes, a cambio de una remuneración, presten servicios de naturaleza militar fuera de los casos permitidos por la legislación nacional o el Derecho Internacional. Además, contempla sanciones para quienes creen, financien, organicen o integren este tipo de estructuras.

Según explicó Gutiérrez en los fundamentos del proyecto, el objetivo es reforzar el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza y proteger bienes jurídicos como la seguridad nacional, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional.

El texto también prevé un agravamiento de las penas cuando estas organizaciones afecten la defensa del país, recluten menores de edad o estén vinculadas con delitos de mayor gravedad como crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad o terrorismo.

Qué actividades quedan excluidas del proyecto

La propuesta establece excepciones para evitar que la nueva figura penal alcance actividades legales. En ese sentido, excluye a las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y policiales que actúen en funciones oficiales, las misiones autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las empresas de seguridad privada habilitadas y el personal humanitario o sanitario.

El proyecto incorpora además una mirada sobre los conflictos híbridos actuales, en los que las operaciones militares pueden combinar reclutamiento internacional, financiamiento privado, inteligencia y logística fuera de las estructuras estatales tradicionales.

Para Gutiérrez, la normativa argentina vigente no cuenta con herramientas específicas para responder ante este tipo de amenazas. Por eso, consideró necesario actualizar la legislación penal para fortalecer la capacidad preventiva del Estado.

"Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado", afirmó el diputado al presentar la iniciativa.

Advertencias internacionales sobre el avance del mercenarismo

El proyecto también toma como referencia las advertencias realizadas por organismos internacionales sobre la expansión de empresas y grupos privados vinculados a conflictos armados.

Entre ellos, menciona los criterios establecidos por el Documento de Montreux, impulsado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, además de los informes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre mercenarismo y las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Estos organismos han señalado los riesgos que representan las estructuras militares privadas para el Derecho Internacional Humanitario y la necesidad de que los Estados desarrollen marcos regulatorios específicos.

"Mientras la Justicia argentina investiga redes de reclutamiento de ciudadanos para combatir en guerras extranjeras, nuestro Código Penal todavía carece de una regulación específica sobre el mercenarismo y las organizaciones armadas privadas. Esta reforma viene a cubrir ese vacío legal", concluyó Gutiérrez.