El Gobierno llevó al recinto una serie de reformas que desarman pilares centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad, alteran el funcionamiento del nomenclador, eliminan garantías de cobertura y reinstalan criterios de invalidez laboral.

La decisión sorprendió a aliados legislativos y generó alarma entre prestadores y familias, que ven un retroceso en derechos conquistados.

En el oficialismo admitieron que muchos desconocían la intención de avanzar con estos cambios mientras la oposición preparaba un dictamen para prorrogar la emergencia, vigente hasta el 31 de diciembre.

Para el sector prestacional, la maniobra contradice el compromiso que La Libertad Avanza había asumido en los plenarios de comisión.

Cambio en las pensiones

El punto más sensible es el regreso al modelo de pensión por invalidez, equivalente al 70% de la jubilación mínima. Con esta modificación, quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán recibir compensaciones si tienen empleo formal.

Legisladores y organizaciones advierten que esto rompe la compatibilidad entre trabajo y protección social y reinstala un criterio médico restrictivo que la Convención buscó superar.

El diputado Juan Marino sostuvo que la reforma "destruye la estructura de derechos" y elimina la vía directa del CUD para acceder a la pensión, dejando la definición en manos del Poder Ejecutivo.

Aranceles sin universalidad

Otro cambio estructural es la eliminación de los aranceles universales del nomenclador. A partir de la reforma, cada obra social, prepaga o provincia podrá fijar valores propios, lo que abre un escenario de desigualdad profunda entre financiadores.

En el caso del Estado nacional, los aranceles se actualizarán trimestralmente y, si no se realiza el ajuste, se aplicará el IPC.

Para el diputado Maximiliano Ferraro, esto implica "un esquema fragmentado, discrecional e incierto" que presiona a la baja los valores y afecta la continuidad de las prestaciones.

Sin garantías de cobertura

La reforma también deroga la garantía de acceso al programa médico de atención y cobertura de salud para titulares de pensiones no contributivas por discapacidad.

Además, redefine que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas serán "equitativos" y determinados por el directorio del organismo, con actualizaciones según el Decreto 274/24.

Se eliminan artículos que aseguraban compatibilidades entre pensión y empleo y que permitían el traspaso automático de beneficiarios al nuevo esquema de protección social. Para organizaciones del sector, esto deja a miles de personas en una situación de vulnerabilidad.

Aliados en alerta

Las modificaciones generaron tensión en el plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto. En la UCR señalaron que el apartado incorporado "no coincide" con el trabajo que se venía realizando. En el PRO, el bloque de Cristian Ritondo reclamó avanzar con un cronograma de pagos de las compensaciones adeudadas y evitar que se afecten las prestaciones.

Frente al malestar, desde el oficialismo hablaron de "un error" en la redacción y deslizaron que los artículos serían eliminados del Presupuesto. La aclaración no calmó las dudas: varios diputados creen que el presidente Javier Milei podría derogar lo que apruebe el Congreso, lo que profundiza la incertidumbre.

La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado insistió en que trabajan en "un proyecto superador" y que buscan "estándares permanentes" para el sistema. La legisladora Silvana Giudici afirmó que la intención es "salir de la emergencia y dejar un marco regulatorio estable", aunque el texto enviado por Economía apunta en sentido contrario.

El próximo 23 de septiembre se buscará firmar dictamen para llevar la discusión al recinto. Prestadores y organizaciones esperan definiciones sobre las compensaciones impagas, que superan los $340.000 millones, y advierten que la caída de la emergencia sin una nueva base normativa podría dejar al sistema en una situación crítica.