Argentina demostró una resistencia muy alta a respetar la institucionalidad. Hubo que esperar a cumplir el primer centenario para lograr el voto secreto y universal y sólo se pudo elegir tres veces antes del primer golpe de Estado al presidente Hipólito Yrigoyen que generó medio siglo de inestabilidad política. El único dato positivo de la crisis de 2001 fue la capacidad de salir sin acudir a la ruptura del orden constitucional. Por eso es interesante que el presidente Mauricio Macri se refiera a la institucionalidad del país. Porque ahí está la única garantía de alcanzar un proyecto que sintetice las aspiraciones de los argentinos y permita discutir a quiénes se les dará la responsabilidad de llevarlo adelante.

El Gobierno debe sobreactuar su vocación de apego a la ley

En el contexto de su exposición en el cierre del Coloquio de IDEA, ante un millar de empresarios y ejecutivos Macri definió el "círculo rojo", que alguna vez se identificó como quienes rodean al Presidente, como "la gente políticamente involucrada, que lee los diarios todos los días, que participa y discute. Cuanto más grande es el círculo rojo y más coraje tiene, más sólida es la institucionalidad del país" y sentenció que "acá (quienes lo escuchaban) son todos círculo rojo".

Participar de política es una primera etapa. Además, hay que respetar reglas de juego democráticas. Y, entre ellas, está garantizar la libertad de prensa. Para lograrlo, se necesita del Estado tanto para garantizar la libertad de comunicar como la viabilidad económica de los medios. El domingo se conoció una solicitada firmada por periodistas de un amplio abanico ideológico en la que se advirtió la "profunda preocupación ante el ataque a la libertad de expresión", por "la decisión del Gobierno nacional de llevar a cabo acciones de represalia" contra un periodista y un medio que difundieron información sobre el blanqueo de fondos de la familia y amigos del Presidente, según "informaciones, que citan fuentes oficiales, (y que) no fueron desmentidas".

"Creemos que no deben existir represalias por difundir información y que todo sistema democrático debe garantizar la pluralidad", expresa el reclamo y concluye: "Dichas informaciones, que citan fuentes oficiales, no fueron desmentidas. Estamos convencidos de que las presiones para silenciar voces producen un daño irreparable para nuestra vida democrática".

Frente a una sospecha tan generalizada de que se planifican "acciones de represalia", el Gobierno, en la persona del Presidente, debería dar garantía de que eso jamás sucederá. Y sobreactuar esa decisión, al punto de que no queden en la sociedad dudas del apego a la ley y el respeto a la democracia.

Mientras no se despejen esas dudas, la institucionalidad del país estará bajo jaque y el círculo rojo se parecerá más a una visión corporativa de la política que a la vocación democrática de sus integrantes.