El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, dictaminó que debe rechazarse el pedido presentado por la defensa de Cristina Kirchner para frenar el decomiso de bienes vinculados a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner en el marco de la causa Vialidad.

El planteo de la defensa buscaba evitar que la Justicia avance con la ejecución de 19 propiedades que forman parte de la condena por corrupción contra la expresidenta, quien cumple una pena de seis años de prisión domiciliaria en su vivienda de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Actualmente, el decomiso de bienes es el único aspecto pendiente de ejecución de la sentencia que quedó firme en junio del año pasado.

El fiscal sostuvo que el decomiso ya forma parte de la condena firme en la causa Vialidad y que ahora solo resta avanzar con su ejecución.

El planteo de la defensa

Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, argumentaron ante la Cámara de Casación que Máximo y Florencia Kirchner no fueron parte del proceso judicial que derivó en la condena y que los bienes a su nombre tienen un origen lícito.

En ese sentido, cuestionaron la decisión del Tribunal Oral Federal N.º 2, que dispuso un "modelo de decomiso ampliado" al considerar que parte del patrimonio familiar podría estar vinculado a los delitos investigados.

Según el escrito de la defensa, no se realizó una investigación patrimonial ni un análisis de trazabilidad de los fondos que demuestre que las propiedades de los hijos de la exmandataria tengan relación con las maniobras de corrupción por las que fue condenada.

El listado de bienes incluye 10 departamentos en Río Gallegos, dos inmuebles en la misma ciudad y varios terrenos en Lago Argentino, en la provincia de Santa Cruz, que fueron cedidos a Máximo y Florencia por Cristina o Néstor Kirchner.

Además, la defensa cuestionó la actualización del monto del decomiso, que la Justicia fijó en más de 684.000 millones de pesos, al sostener que el cálculo no está firme.

La postura del fiscal

En su dictamen, Villar sostuvo que la condena en la causa Vialidad ya se encuentra firme y que el decomiso de bienes no constituye una sanción adicional, sino una consecuencia directa de la sentencia penal.

"El decomiso ordenado no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la consecuencia necesaria y legal de una condena penal firme", señaló el fiscal.

Además, explicó que en los casos de corrupción no siempre es posible reconstruir con precisión el recorrido del dinero ilícito, por lo que la Justicia puede considerar incrementos patrimoniales coincidentes temporalmente con la maniobra delictiva.

Para Villar, lo que está en discusión no es si corresponde el decomiso, sino únicamente la forma de ejecutarlo.

En la causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola también reclamaron avanzar con el decomiso de bienes. En total solicitaron el decomiso de 141 inmuebles -13 vinculados a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades de Lázaro Báez-, 46 vehículos y millones de dólares en cuentas y cajas de seguridad, además de propiedades ubicadas en Santa Cruz y en Pinamar.

Qué deberá resolver la Cámara

La defensa también pidió que el recurso presentado tenga efecto suspensivo, lo que implicaría frenar cualquier intento de tasación, remate o transferencia de los bienes hasta que exista una decisión definitiva.

Ahora, la definición quedará en manos de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal: Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes deberán resolver si aceptan o rechazan el planteo.

Se espera que los magistrados analicen el expediente durante la semana para definir cómo continuará la ejecución de la sentencia.