El movimiento obrero organizado apeló al ámbito internacional para elevar sus reclamos contra las políticas económicas, sociales y laborales del gobierno libertario. En ese marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) denunció este martes al gobierno de Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El espacio gremial acusó a la administración nacional de impulsar y poner en marcha "una regresiva reforma laboral que provoca un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX", "vulnera la jornada de ocho horas", "restringe el derecho a huelga" y "ataca a las organizaciones sindicales", con el objetivo de imponer jornadas laborales más extensas y salarios más bajos.

Ese fue el resumen de los principales cuestionamientos que el bloque sindical presentó en Washington, durante el 196.º Período de Sesiones Ordinarias del organismo internacional.

La representación argentina también denunció la existencia de una política de persecución y disciplinamiento sindical, "cuyo ejemplo más cabal es la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)", así como "la persecución mediática, gremial, jurídica y personal" ejercida por el Gobierno contra el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró.

El dirigente sindical precisó que la gestión libertaria "me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos. Se trata de una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por funcionarios del Gobierno, utilizando la aplicación Mi Argentina o las carteleras de las estaciones terminales y todos los recursos del Estado. Me imputaron delitos penales, me hicieron saber que perseguían a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, y tuve que presentar un habeas corpus preventivo".

La exposición de Biró también incluyó las denuncias y multas multimillonarias aplicadas contra otros sindicatos, como La Fraternidad, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), además de las acciones judiciales iniciadas contra 170 trabajadores del subte.

"Juegan a primero yo, y después a también yo"

"El espíritu de esta reforma es beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación. Jornadas más extensas y salarios más bajos", afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

De la audiencia también participaron los representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas Mariana Amartino y Matías Cremonte, y el presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), Juan Orsini.

El referente de ATE retomó la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto de que el trabajo no es una mercancía y sostuvo que ese principio "se transformó en letra muerta".

"Con esta reforma estamos frente a un régimen de compraventa de la fuerza de trabajo. En la Argentina enfrentamos un ataque al Estado de derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es que esta Comisión debe actuar", manifestó Aguiar.

"Estamos en la tierra de todos, en la vida"

Por su parte, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, sostuvo que, junto con la destrucción de derechos laborales, "el Gobierno nacional produjo una desregulación de los precios fundamentales para la vida, como las tarifas de transporte, telefonía celular, internet, luz y gas. Todo eso produjo una caída del salario que tiene un impacto directo e indirecto sobre las mujeres".

"Estamos viviendo una brutal disputa por el tiempo. Mientras la reforma laboral ataca una de las conquistas fundacionales, como la jornada de ocho horas, instalando un banco de horas flexible que borra los límites entre lo personal y lo laboral, debemos recurrir a varios empleos para poder sostener la vida", explicó Chevalier.

La dirigente universitaria subrayó que "esta pobreza de tiempo impacta de manera asimétrica sobre las mujeres, provoca una crisis de los cuidados y desorganiza los hogares".

Al abordar específicamente el contenido de la reforma laboral, Matías Cremonte sostuvo que "la regresión es tal que se ha excluido un derecho fundamental del derecho del trabajo, que es el de justicia social".

"Se creó el banco de horas y se le da preeminencia a la voluntad para que los trabajadores puedan ahora decidir, en una relación totalmente desigual, tener peores condiciones laborales. Eso es, ni más ni menos, que la negación del derecho del trabajo, que se creó para proteger a quien está en desventaja", explicó el también titular de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.

A su turno, el secretario adjunto del SiPreBA, Francisco Rabini, señaló que la decisión del Gobierno para derogar el Estatuto del Periodista Profesional "es parte de la reforma laboral que vinimos a denunciar y demuestra que existe una política sistemática de lesionar la libertad sindical y el derecho a huelga". Rubini enfatizó: "al debilitar convenios y facilitar el despido de delegados, se busca desarticular la organización colectiva que garantizó la pluralidad de voces en nuestro país".