El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un marco obligatorio para el desarrollo, la implementación y el uso de sistemas de inteligencia artificial en la administración pública. El Decreto 742/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, designó a la Subsecretaría de Gobierno Digital como autoridad de aplicación y creó un registro específico para estas tecnologías.

La disposición lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Su alcance comprende a los organismos centrales, descentralizados y autárquicos del Estado provincial. Los municipios podrán adherir de manera voluntaria, de acuerdo con las competencias de cada distrito.

El denominado Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial establece principios, procedimientos y mecanismos de control para incorporar estas herramientas a la gestión estatal. La estrategia prioriza un uso ético, transparente, seguro y centrado en las personas.

El Ejecutivo bonaerense considera a la IA una "oportunidad estratégica" para mejorar los servicios públicos, simplificar trámites, agilizar tareas y ampliar el acceso a derechos. Sin embargo, el texto advierte sobre sus "impactos significativos" en la organización del trabajo, las condiciones laborales y los procesos de toma de decisiones.

Por ese motivo, la norma exige criterios de evaluación, prevención y administración de riesgos. También define a la tecnología como una "herramienta de asistencia y apoyo", destinada a potenciar las capacidades del personal estatal sin reemplazar el control humano.

Qué organismos deberán pedir autorización

Ningún ministerio, ente descentralizado ni organismo autárquico podrá desarrollar, contratar o poner en funcionamiento un sistema de inteligencia artificial sin la intervención previa de la Subsecretaría de Gobierno Digital.

El requisito también alcanza a las modificaciones sustanciales de sistemas ya operativos. De este modo, la autoridad provincial podrá controlar su evolución, revisar los riesgos y exigir cambios antes de autorizar su continuidad.

La Subsecretaría tendrá a su cargo la coordinación, la implementación y el seguimiento del nuevo régimen. Entre sus funciones figuran la definición de estándares técnicos, homologación de soluciones, evaluación de proyectos y elaboración de un manual para las contrataciones públicas vinculadas con IA.

El decreto también habilita la conformación de un consejo asesor interdisciplinario y multisectorial. Sus integrantes ejercerán sus tareas ad honorem y podrán aportar conocimientos técnicos, jurídicos, sociales y administrativos.

El registro obligatorio de sistemas de IA

La Provincia creó el Registro de Inteligencia Artificial, donde cada organismo deberá inscribir las herramientas que desarrolle o utilice.

El registro incluirá las características de cada sistema, su estado, las modificaciones posteriores y cualquier otra información relevante para su control. El mecanismo permitirá identificar qué tecnologías funcionan dentro del Estado, con qué objetivos y bajo la responsabilidad de qué área.

La Subsecretaría de Gobierno Digital también podrá dictar disposiciones operativas, interpretativas, complementarias y aclaratorias. Además, para los aspectos no contemplados por el nuevo marco continuarán vigentes las Resoluciones 4/25 y 9/25 de ese organismo.

Los 11 principios que deberán respetarse

El marco incorpora once principios rectores para el uso de inteligencia artificial dentro del sector público bonaerense. Entre ellos figuran:

• Centralidad de las personas.
• Respeto por los derechos fundamentales.
• Transparencia.
• Trazabilidad de los procesos automatizados.
• Protección de datos personales.
• Seguridad informática.
• Supervisión humana.
• Prevención de prácticas discriminatorias derivadas de sesgos algorítmicos.
• Soberanía tecnológica.

Además, la Provincia impulsará el desarrollo de capacidades propias para reducir la dependencia de proveedores externos y promoverá la formación continua del personal para fortalecer el uso de estas herramientas dentro de la administración pública.

Qué deberá evaluarse antes de habilitar un sistema

Antes de autorizar una solución de inteligencia artificial, la administración deberá analizar su posible impacto sobre los derechos fundamentales y la calidad de los datos empleados para entrenar los modelos.

La evaluación incluirá el análisis del impacto sobre los derechos fundamentales, calidad de los datos utilizados para entrenar los modelos, los posibles sesgos, consecuencias laborales, seguridad de la información, efectos sociales, jurídicos y económicos, el consumo energético, impacto ambiental y la supervisión humana sobre las decisiones automatizadas.

El debate llegó a la Legislatura bonaerense

La diputada provincial Silvina Nardini presentó un proyecto de ley para crear un régimen específico sobre el uso de IA en la administración pública. La iniciativa cobró impulso tras las denuncias por la manipulación y difusión digital de imágenes íntimas de estudiantes.

"Su utilización permite mejorar la gestión documental y administrativa, optimizar el procesamiento de expedientes, asistir en la elaboración de informes y documentos, fortalecer la atención ciudadana, realizar análisis estadísticos complejos y contribuir al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas", aseguró Nardini, al destacar las posibilidades de estas tecnologías dentro del Estado.

La iniciativa establece que el uso de inteligencia artificial deberá respetar los principios de legalidad, transparencia, trazabilidad, auditabilidad, protección de datos personales, igualdad de trato, control humano significativo, seguridad informática, eficiencia administrativa, responsabilidad institucional e inclusión digital.

Su propuesta contempla un registro provincial de sistemas de uso público, auditorías técnicas periódicas y capacitaciones obligatorias para los agentes. Además, establece que ninguna resolución final podrá quedar exclusivamente en manos de un algoritmo: cada decisión deberá contar con validación humana.