El Congreso de la Nación aprobó con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones la reforma de la Ley de Glaciares tras casi doce horas de debate. El Gobierno nacional celebró la sanción y la definió como "un paso fundamental para garantizar la seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos".

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo en el marco del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), contó con el respaldo de los bloques aliados al oficialismo y una fuerte presencia de funcionarios nacionales y provinciales en el recinto.

Qué cambia y por qué

Desde el Gobierno explicaron que la reforma no elimina la protección ambiental sino que la precisa. Los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas continúan resguardados, pero se habilita -sobre la base de evaluaciones técnico-científicas provinciales- la actividad minera en terrenos que, según el oficialismo, estaban "mal catalogados como glaciares" y "no formaban parte del objeto protegido de la ley". La redacción original, señalaron, era de "confusa interpretación" y llevaba a "conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución Nacional" -que establece la utilización racional de los recursos naturales- "y al dominio originario de las provincias", reconocido en el artículo 124.

Lo que recuperan las provincias

El oficialismo subrayó que la reforma "les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos", permitiéndoles "identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista".

La modificación responde a un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio -Catamarca, Jujuy y Salta- y de la Mesa del Cobre, que suma a Mendoza. Todas argumentaron durante años que la ley original bloqueaba proyectos de inversión en zonas que, pese a estar catalogadas como ambiente periglacial, no contenían glaciares ni reservas hídricas relevantes.

La sesión estuvo marcada por un debate intenso. La oposición que votó en contra cuestionó la velocidad del trámite legislativo y reclamó más estudios científicos independientes antes de avanzar.