El Gobierno nacional oficializó la creación de una Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI), con el objetivo de reforzar la prevención y mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada que puedan afectar proyectos considerados clave para la economía.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 461/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde el Ministerio de Seguridad Nacional remarcó que el crecimiento de grandes inversiones en sectores sensibles puede convertirse en un blanco de interés para organizaciones criminales, especialmente por el volumen de capital involucrado y la complejidad logística que rodea a este tipo de desarrollos.

Según el texto oficial, las acciones de la nueva Mesa estarán orientadas a la identificación temprana de riesgos criminales, la protección de infraestructura crítica, la prevención de la infiltración de economías ilícitas en entornos productivos estratégicos y la coordinación interinstitucional en el marco de las competencias vigentes.

En ese sentido, la resolución advierte que las inversiones comprendidas en el RIGI suelen implicar infraestructura estratégica, corredores logísticos y cadenas de suministro complejas, lo que podría ser aprovechado por redes delictivas para actividades como lavado de activos, extorsión o inserción de capitales ilegales en proyectos productivos.

Qué funciones tendrá la Mesa de Coordinación

El documento establece que la Mesa podrá promover la implementación de acciones coordinadas, formular recomendaciones estratégicas, proponer líneas de acción preventiva y elaborar diagnósticos integrales de riesgo vinculados a proyectos comprendidos en el régimen.

Además, se definió como un ámbito permanente de articulación federal, con participación de jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires que resulten competentes en materia de seguridad, prevención social y coordinación del RIGI.

El Gobierno también habilitó la posibilidad de articulación directa con el sector privado. Según la normativa, la Mesa podrá coordinar con empresas titulares de proyectos RIGI, cámaras empresarias, concesionarios de infraestructura, contratistas principales y operadores logísticos y de transporte, con el objetivo de fortalecer la prevención de riesgos criminales y facilitar el intercambio de información para proteger inversiones estratégicas.

Quiénes integrarán la Mesa

La nueva estructura estará conformada por áreas clave del Ministerio de Seguridad Nacional:

• Secretaría de Seguridad Nacional
• Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada
• Unidad Antimafia
• Centro Regional
• Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales

Además, podrán ser convocados organismos y autoridades provinciales, la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Economía, la SEDRONAR y otras dependencias cuya intervención sea considerada pertinente según el tipo de proyecto.

La convocatoria y coordinación de las reuniones quedará a cargo de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, en articulación con la Secretaría de Seguridad Nacional.

Rol de la Unidad Antimafia y el Centro Regional

La resolución también le asignó tareas específicas al Centro Regional y a la Unidad Antimafia, que actuarán como instancias técnicas para la sistematización y análisis de información vinculada a amenazas criminales asociadas a inversiones estratégicas.

Según se dispuso, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico deberá realizar el análisis estratégico de fenómenos criminales emergentes vinculados a inversiones estratégicas, incluyendo riesgos de infiltración criminal y modalidades delictivas complejas.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Nacional tendrá a su cargo el análisis del despliegue de fuerzas federales en relación con proyectos del RIGI y la articulación con autoridades federales, provinciales y municipales con competencia en seguridad.

Cooperación con empresas y sin nuevas obligaciones

En el tramo final de la normativa, el Gobierno aclaró que la cooperación con el sector privado será voluntaria. La resolución impulsa el desarrollo de protocolos sectoriales de prevención, capacitaciones, canales formales de reporte de riesgos y mecanismos de coordinación permanente, pero sin generar nuevas obligaciones adicionales a las previstas en la legislación vigente.

El objetivo oficial es que los proyectos de gran escala -especialmente en sectores como energía, minería e infraestructura- cuenten con herramientas preventivas para evitar que actores criminales aprovechen vulnerabilidades logísticas, operativas o financieras.

Con esta medida, el Gobierno suma un nuevo componente de control y prevención dentro del esquema del RIGI, en un contexto donde la administración busca atraer inversiones millonarias y, al mismo tiempo, blindar su ejecución.