El Gobierno derogó 58 normas comerciales mientras avanza la Ley Hojarasca
El Gobierno eliminó regulaciones sobre colegios privados y control de precios por considerarlas obsoletas y superpuestas
El Gobierno derogó 58 resoluciones y disposiciones vinculadas al comercio, la industria, las importaciones y los programas de consumo. La Secretaría de Coordinación de Producción oficializó la medida a través de la Resolución 12/2026 publicada este martes por la mañana en el Boletín Oficial.
La medida fue tomada luego de concluir que los textos perdieron vigencia y sustento jurídico por las reformas económicas vigentes. Esta desregulación comercial convive con el avance en el Senado de la Ley Hojarasca, el proyecto oficial que propone eliminar más de 70 leyes nacionales para reducir la burocracia estatal.
El Ministerio de Economía fundamentó la decisión en la necesidad de eliminar la dispersión normativa, un escenario que "generaba inseguridad jurídica para los ciudadanos y restringía el libre desenvolvimiento de sus actividades".
Según el texto oficial, las normas dadas de baja se dictaron bajo leyes que ya fueron modificadas o derogadas, como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el marco que creó el Observatorio de Precios.
Alcance de la "limpieza administrativa"
Control de precios y consumo: se eliminaron 30 normativas de los programas Ahora 12 y Cuota Simple que vencieron sin prórroga, la Resolución 355/2022 de control de precios con sus 19 modificatorias, y una norma accesoria de Precios Cuidados.
Intervención triguera: quedaron sin efecto 22 regulaciones del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), incluyendo las resoluciones 753/2021, 56/2022, 57/2022 and 142/2022.
Educación privada: se anuló la Resolución 368/2025 y dejó sin efecto la obligación de los colegios privados de informar anticipadamente sus aranceles. La medida complementa el Decreto 787/2025 que eliminó la autorización estatal para modificar cuotas.
Comercio exterior y burocracia: se derogaron las resoluciones 254/2019 y 43/2022 sobre autorizaciones de importación, junto a las normas de información comercial 426/2022 y 296/2023. También se eliminó una norma que duplicaba la atención a adolescentes consumidores.
El Senado debate el proyecto de Ley Hojarasca
Hojarasca es un conjunto de hojas secas que cayeron de los árboles y de las plantas y que se acumulan en el suelo del bosque, de los parques y de los jardines. La elección del nombre para bautizar la mega ley hace referencia a normativas que perdieron vigencia práctica o quedaron completamente anacrónicas debido al paso del tiempo. No cumplen ninguna función útil en la actualidad y traban el funcionamiento de la economía.
El paquete de leyes fue elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa se rige bajo el principio de máxima libertad, donde rige un esquema en el que todo lo que no está expresamente prohibido está permitido.
La Ley Hojarasca complementa la reforma administrativa mediante diez ejes de acción directa:
Eliminación de 70 leyes: supresión de normas obsoletas que perdieron aplicación práctica o responden a contextos históricos inexistentes.
Fin de redundancias: depuración de textos superados por leyes posteriores en materia de vacunación, hidrocarburos y beneficios amplios.
Actualización tecnológica: derogación de leyes desactualizadas sobre microfilmación de documentos, televisión a color y sistemas antiguos de comunicación.
Protección de libertades: anulación de controles sobre reuniones privadas, circulación y actividades culturales dictadas por gobiernos de facto o de fuerte intervención.
Reducción burocrática: disolución de organismos, comisiones o fondos innecesarios con funciones duplicadas.
Cierre de entes fantasmas: eliminación formal de entidades que ya no funcionan o programas que jamás se implementaron.
Corte de financiamiento estatal: obligación de autofinanciamiento para el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios.
Fin de privilegios: quita de beneficios particulares a sectores específicos para evitar desigualdades operativas.
Simplificación del marco legal: reducción del volumen normativo para facilitar el conocimiento y cumplimiento ciudadano.
Desintervención del Estado: consolidación de un esquema legal que limita la fiscalización pública sobre los derechos individuales.
El nuevo ordenamiento legal transfiere la resolución de reclamos de consumo a un único canal especializado, mientras los ministerios mantienen la revisión permanente del entramado reglamentario remanente.
