El Gobierno nacional oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y creó dos nuevas entidades de cobertura médica para el sector. 

A través del Decreto 88/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei dispuso la implementación la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) y la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) para "garantizar el derecho a la salud personal". 

La decisión administrativa busca dar respuesta a una crisis financiera de magnitudes críticas, con un pasivo auditado que asciende a los 200.000 millones de pesos. Según la perspectiva técnica del Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete, la inviabilidad del esquema anterior radicaba en irregularidades de gestiones precedentes y un desequilibrio estructural que comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios.

"En los últimos años se ha observado una situación de desequilibrio financiero de carácter persistente en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) vinculada, entre otros factores, al incremento sostenido de los costos de las prestaciones médico-asistenciales y de los medicamentos, así como a la heterogeneidad de su padrón de afiliados y a la dispersión territorial de los mismos", argumenta el texto de la medida. 

Para el Gobierno, es necesario establecer "entidades diferenciadas" para garantizar las "coberturas adecuadas, sostenibles y específicamente adaptadas a las características de cada universo prestacional". 

Desglose del nuevo esquema prestacional

La OSFA operará bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, liderado por Carlos Presti. Gestionará la salud del personal militar en actividad, civiles de las Fuerzas Armadas, retirados y sus grupos familiares.

La OSFFESEG quedará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, brindando cobertura específica a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina.

Un aspecto central de la normativa es el blindaje de los recursos financieros. El decreto estipula una estructura de asignación rígida para ambas instituciones:

• 80% de los ingresos: Destinado exclusivamente a la prestación de servicios médico-asistenciales.
• 8% (Máximo): Reservado para gastos administrativos y de funcionamiento.
• 12% (Excedente): Podrá derivarse a otras prestaciones sociales, siempre que las obligaciones de salud estén plenamente garantizadas.

Transición hacia las nuevas obras sociales

El decreto prevé también el proceso de traspaso de activos, pasivos y personal del IOSFA hacia las nuevas estructuras. Para ello, se puso a dispusición una Comisión Especial Ad-Hoc, integrada por representantes de las carteras de Defensa, Seguridad, Economía y Salud, que supervisará que la transferencia no afecte la continuidad del Programa Médico Obligatorio (PMO) ni los tratamientos en curso de los afiliados.

El Gobierno aseguró que la descentralización permitirá una gestión ágil y alineada con las necesidades de cada fuerza y asegurará la sosteniblidad financiera a largo plazo para la cobertura médica del sector.