Tras la finalización del Mundial de Fútbol, el Gobierno enfrentará una nueva protesta en las calles a raíz de la convocatoria de Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA; la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y ATE en contra de la eliminación del plan social Volver al Trabajo y en apoyo al reclamo de los jubilados.

La convocatoria de los distintos espacios activará el plan de seguridad diseñado por el Gobierno para estos casos. Las fuerzas de seguridad adelantaron que intensificarán el Protocolo Antipiquete con más efectivos y carros hidrantes, reforzando el vallado de la plaza del Congreso. 

Los manifestantes se concentrarán desde las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña para marchar posteriormente hacia el Congreso Nacional.

 La protesta se desarrollará bajo consignas vinculadas a la defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición de las jubilaciones y el rechazo a las políticas económicas implementadas por la administración nacional.

"Al Gobierno se le terminó el veranito mundialista y los trabajadores vamos a profundizar nuestro plan de acción. Las políticas del gobierno provocan un genocidio en nuestros adultos mayores", afirmó el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

La convocatoria marcará el inicio de una nueva etapa del plan de lucha definido por la CGT en conjunto con las CTA y la UTEP, luego del receso producido por el Mundial de Fútbol 2026.

Los dirigentes sindicales adelantaron que el cronograma de protestas continuará en las próximas semanas con nuevas movilizaciones, entre ellas el 7 de agosto a San Cayetano, y no descartan convocar un paro general si no obtienen respuestas a sus reclamos.

Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Gobierno de Javier Milei destinó más de 2.000 millones de pesos a los operativos de seguridad desplegados durante las movilizaciones de jubilados que, cada miércoles, se concentran frente al Congreso Nacional para reclamar una mejora en sus ingresos. 

Cada operativo tuvo un costo promedio de $48.535.094, correspondiente únicamente a combustible y gastos de equipamiento. El CELS remarcó que se trata de una estimación "conservadora", ya que el cálculo no contempla las horas de servicio obligatorio ni los adicionales de los cerca de 40.000 efectivos movilizados durante el año.