El Gobierno evalúa reasignar partidas para cumplir con la emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario
Tras la derrota legislativa en Diputados y un fallo judicial adverso, el Ejecutivo analiza un decreto para reasignar fondos y garantizar el cumplimiento de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario
El Gobierno evalúa reasignar partidas presupuestarias para destinar fondos al cumplimiento de las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, luego de la derrota sufrida en la Cámara de Diputados con el rechazo del capítulo XI del Presupuesto y tras un fallo judicial que ordena aplicar la norma que actualiza los recursos de las universidades nacionales.
En la Casa Rosada consideran que cuentan con los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 en la sesión prevista para el próximo viernes en el Senado. En ese marco, el Ejecutivo busca evitar cualquier modificación al proyecto para impedir que la iniciativa deba regresar a la Cámara baja.
La opción de un decreto y la estrategia oficialEn paralelo a la negociación parlamentaria, el Gobierno analiza avanzar con un decreto que permita reasignar partidas presupuestarias para atender la emergencia en Discapacidad y el financiamiento de las universidades, dos temas que generaron fuerte tensión política y social en las últimas semanas.
La estrategia apunta a destrabar el conflicto sin reabrir el debate presupuestario en el Congreso, en un contexto en el que el oficialismo busca cerrar el año con la aprobación de la ley de leyes y mostrar capacidad de gobernabilidad.
En las últimas horas, La Libertad Avanza sumó un nuevo respaldo desde el peronismo para avanzar con la aprobación del Presupuesto. Cuatro senadores del bloque Convicción Federal anticiparon que acompañarán la votación en general, lo que fortalece las chances del oficialismo de alcanzar la mayoría necesaria.
De concretarse, sería la primera vez que el Gobierno de Javier Milei logra sancionar un Presupuesto propio desde su asunción en diciembre de 2023, ya que hasta ahora la administración nacional funcionó con la prórroga del Presupuesto aprobado en 2022.
El fallo judicial por el financiamiento universitarioEn paralelo a las negociaciones políticas, la Justicia federal ordenó este martes al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario. La decisión dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y de las becas estudiantiles.
El fallo fue dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a otras entidades del sistema universitario.
Una medida considerada arbitrariaEl magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en los artículos que condicionaban la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso. Según la resolución, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa inicial del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.
La cautelar ordena al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La medida tendrá vigencia hasta que se dicte la sentencia definitiva.
Con este escenario, el Gobierno enfrenta una doble presión: asegurar la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso y, al mismo tiempo, cumplir con las exigencias judiciales y políticas vinculadas a áreas sensibles como la educación superior y la discapacidad.
