El Gobierno oficializó mediante el Boletín Oficial el Decreto 612/2026, que modifica la reglamentación de la reforma laboral establecida por el Decreto 407/2026 e introduce cambios sobre el financiamiento del sistema sindical y de la seguridad social.

La modificación llegó después de las gestiones que la conducción de la CGT mantuvo con funcionarios nacionales luego de advertir que la reglamentación original restringía de manera significativa la base de cálculo sobre la que podía aplicarse el tope del 2% previsto para la cuota solidaria de los convenios colectivos. La redacción anterior limitaba ese cálculo al salario básico convencional, criterio que implicaba una reducción sustancial de los recursos percibidos por las organizaciones sindicales, una de las metas que el Gobierno libertario había enarbolado desde antes de asumir en la Casa Rosada.

Con el nuevo decreto, la base imponible se amplía y pasa a comprender el salario básico junto con todas las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual de origen convencional.

En cambio, quedan excluidos los conceptos extraordinarios o de percepción esporádica, como el Sueldo Anual Complementario (SAC), el plus vacacional, las horas extras, premios, bonos, la participación en las ganancias y las sumas no remunerativas que no tengan carácter mensual.

"Todo un palo, ya lo ves"

La modificación se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y buena parte del movimiento sindical por el alcance de la reforma laboral. Mientras la administración libertaria sostiene que los cambios buscan modernizar las relaciones laborales, las organizaciones gremiales denuncian un progresivo debilitamiento de la negociación colectiva y de las fuentes de financiamiento del sistema sindical.

Dentro de ese escenario, desde la conducción de la CGT consideran que la nueva reglamentación permitió preservar recursos acorde con las remuneraciones percibidas por los trabajadores, evitando un escenario de asfixia financiera para las estructuras gremiales.

La central también destaca que el decreto mantiene sin modificaciones el financiamiento del sistema de obras sociales.

En ese sentido, el artículo 2° del Decreto 612/2026 establece que las contribuciones patronales destinadas a fines sociales, previsionales, culturales o asistenciales no integran el tope del 2% previsto por la Ley 14.250 para las cuotas de convenio. La norma dispone que esos aportes deberán destinarse exclusivamente a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales y administrarse mediante un régimen específico.

De esa manera, tanto la cuota solidaria como las contribuciones empresarias continúan encuadradas en la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551). Para la CGT, especialmente en actividades con elevados costos prestacionales, la continuidad de esos aportes constituye un elemento central para sostener la cobertura asistencial de las obras sociales.

El nuevo decreto, según la CGT, mantiene previsibilidad jurídica para la negociación de futuros Convenios Colectivos de Trabajo, una instancia que continuará siendo uno de los principales escenarios de discusión entre sindicatos, cámaras empresarias y el Estado.

Otro aspecto que la reglamentación deja aclarado es que la cotización ordinaria de los afiliados no queda alcanzada por las limitaciones porcentuales previstas para la cuota solidaria. Asimismo, se mantiene la obligación de los empleadores como agentes de retención de esos aportes, un mecanismo considerado esencial para garantizar el funcionamiento administrativo de las organizaciones sindicales.

Las diferencias, sin embargo, permanecen abiertas. Mientras la conducción cegetista valora haber preservado aspectos centrales del financiamiento sindical mediante la negociación con el Gobierno, los sectores más combativos del movimiento obrero sostienen que el debate de fondo continúa siendo la recuperación de las paritarias libres y la plena vigencia de la negociación colectiva, sin condicionamientos posteriores al momento de la homologación.

Más allá de esta modificación reglamentaria, la discusión sobre el alcance de la reforma laboral dista de haber concluido. El financiamiento sindical, la negociación colectiva y el futuro de las paritarias seguirán formando parte de una disputa que excede la letra de un decreto para instalarse en el centro del debate sobre el modelo de relaciones laborales en la Argentina.