El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley General de Sociedades con el objetivo de flexibilizar el funcionamiento de las empresas, reducir regulaciones y adaptar el marco legal a los nuevos modelos de negocios vinculados con la economía digital.

La iniciativa fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y explicada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien sostuvo que la propuesta busca reemplazar un esquema que, según definió, se encuentra basado en una fuerte intervención estatal por otro con mayor autonomía para los socios y accionistas.

Uno de los cambios centrales establece que los estatutos de las sociedades tendrán un papel predominante en la organización interna de las compañías. De esta manera, las reglas acordadas por los socios pasarán a tener mayor peso dentro del funcionamiento corporativo.

Más libertad para definir actividades

La reforma también elimina restricciones sobre el objeto social de las empresas. Según el esquema planteado por el Gobierno, una sociedad podrá desarrollar múltiples actividades sin necesidad de que exista relación entre ellas.

Incluso, si el estatuto no define expresamente una actividad específica, se considerará que la compañía puede realizar cualquier actividad lícita.

Desde el oficialismo sostienen que esta flexibilidad busca acompañar la velocidad de transformación de los mercados y reducir trámites administrativos.

Sociedades con inteligencia artificial

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es la incorporación de la figura de la Sociedad Automatizada.

Se trata de empresas que podrán operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento habitual. Estas sociedades contarán con personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada.

La iniciativa también reconoce a las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), estructuras digitales que utilizan tecnología blockchain y sistemas de participación mediante tokens para gestionar sus actividades.

Conflictos bajo derecho extranjero

Otro punto relevante de la reforma habilita a las sociedades a establecer que los conflictos internos se resuelvan bajo legislación extranjera o mediante mecanismos de arbitraje privado.

El proyecto permitirá que los socios acuerden en sus estatutos qué normativa aplicar para resolver controversias corporativas, una herramienta utilizada en distintos centros internacionales de negocios.

Digitalización total

La propuesta avanza además en la digitalización completa de la vida societaria.

Entre las medidas previstas figuran la utilización de domicilio electrónico, libros digitales, registros electrónicos, asambleas a distancia y la constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica.

El objetivo oficial es reducir costos administrativos y eliminar procedimientos en papel dentro de la gestión empresarial.

Nuevos instrumentos para financiar empresas

La iniciativa incorpora instrumentos de inversión convertibles que permitirán el ingreso de capital sin que el inversor deba convertirse inmediatamente en socio.

Además, contempla la renovación automática del plazo de duración de las sociedades, mandatos de directores y síndicos por tiempo indeterminado -salvo disposición contraria del estatuto- y mecanismos simplificados para reorganizaciones dentro de grupos empresariales.

Con estos cambios, el Gobierno busca actualizar el régimen societario vigente y generar un marco más flexible para la creación y expansión de empresas en sectores tradicionales y tecnológicos.