La reforma de la Ley de Salud Mental avanza en el Senado con el objetivo de corregir fallas en la normativa vigente y mejorar la atención de los pacientes. La directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, presentó los principales cambios ante las comisiones de Salud y Legislación General.

La funcionaria explicó que el proyecto incorpora aportes de pacientes, familias, profesionales y autoridades de las 24 jurisdicciones. 

"Escuchamos a todos los actores y detectamos que la ley no funciona adecuadamente en su forma actual", afirmó. Según detalló, varios artículos generan obstáculos que impiden garantizar tratamientos oportunos.

Nuevo criterio para la internación involuntaria

Uno de los ejes centrales de la reforma de la Ley de Salud Mental es el cambio en los criterios de internación involuntaria. El proyecto reemplaza el concepto de "riesgo cierto e inminente" por un criterio situacional.

González sostuvo que esta modificación permitirá evaluar antecedentes y prever la evolución del paciente. "Debemos analizar la historia clínica y no solo el momento actual para intervenir de forma preventiva", señaló.

Cambios en el diagnóstico y el rol del psiquiatra

El proyecto también modifica la terminología y reemplaza "padecimiento mental" por "trastorno mental". El objetivo es lograr mayor precisión diagnóstica y evitar errores en la práctica clínica. En casos que no afecten el bienestar general, se utilizará el término "afecciones".

Además, la iniciativa refuerza el rol del médico psiquiatra en las internaciones involuntarias dentro del equipo interdisciplinario. En situaciones de urgencia sin psiquiatra, un médico clínico podrá intervenir y el equipo deberá validar la decisión dentro de las 24 horas.

Altas médicas, control judicial y rol de las familias

Entre otros cambios, la reforma establece que los pacientes internados de forma voluntaria deberán pasar por una evaluación interdisciplinaria antes del alta. También fija la responsabilidad de los familiares en el acompañamiento tras la externación.

El proyecto incorpora un control judicial durante seis meses para pacientes dados de alta, con el objetivo de mejorar la continuidad de los tratamientos y fortalecer la atención ambulatoria.

Reorganización del sistema de atención

La iniciativa propone ampliar la red de instituciones y reorganizar la atención según la gravedad de los casos. Los hospitales generales atenderán cuadros leves, mientras que los centros especializados se enfocarán en situaciones complejas.