El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartó a todos los querellantes del caso $LIBRA y dejó sin acusadores privados al expediente que investiga el colapso del memecoin promocionado por el presidente Javier Milei en febrero de 2025. La resolución aceptó un planteo de Mauricio Novelli y llegó después de casi un mes sin novedades relevantes en una causa que todavía no tuvo testigos, indagatorias y no tiene los peritajes completos.

Mientras la investigación aún intenta reconstruir puntos básicos de la operatoria: quiénes fueron los titulares de las billeteras digitales, cuál fue el recorrido de los fondos y qué vínculo existió entre las compras de $LIBRA, la posterior caída del token y las pérdidas denunciadas por los inversores; el juez concluyó que los querellantes no lograron acreditar su condición de víctimas directas.

"Las constancias aportadas resultan indiciarias, pero no determinantes ni consistentes para establecer su titularidad", sostuvo Martínez de Giorgi.

La medida excluyó a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, nucleados en dos querellas distintas. 

El planteo que activó la resolución

La resolución respondió a un planteo de Mauricio Novelli, quien el 17 de junio había pedido excluir del expediente a los inversores que se presentaron como damnificados con un escrito en el que sostuvo que los inversores no demostraron haber sido víctimas de un engaño ni que se hubieran cumplido los requisitos necesarios para considerar que el caso fue una estafa.

La defensa planteó que la compra de $LIBRA fue voluntaria, que el ingreso se produjo en un mercado de altísima volatilidad y que los demandantes conocían los riesgos de operar con criptomonedas. También afirmó que tenían experiencia previa en plataformas especializadas y que sus pérdidas podían explicarse por la dinámica propia de ese tipo de activos digitales.

En su escrito, Novelli también defendió el rol de Javier Milei. "Todo lo que dijo el presidente en relación con el tema era absolutamente cierto", sostuvo Novelli. Luego agregó que "no se identificó ninguna afirmación objetivamente falsa atribuible a los imputados" y describió el expediente como "un fenómeno especulativo propio de un mercado no regulado; un activo digital de extrema volatilidad; un proyecto tecnológicamente posible; y un cúmulo de decisiones patrimoniales adoptadas libremente por quienes decidieron operar dentro de ese entorno".

La resolución de Martínez de Giorgi tomó ese planteo y lo convirtió en una definición procesal: para seguir dentro del expediente, los querellantes debían acreditar de manera fehaciente la titularidad de sus billeteras, el origen de los fondos utilizados para comprar $LIBRA y una conexión causal directa entre la maniobra denunciada y el perjuicio patrimonial invocado.

Una exigencia sobre pruebas todavía pendientes

El punto más sensible del fallo es que esa exigencia llegó cuando parte de esas pruebas sigue en proceso de investigación. La reconstrucción de la trazabilidad de fondos, la identificación de billeteras y el análisis técnico sobre blockchain dependen de medidas aún inconclusas, entre ellas peritajes, oficios, exhortos y eventuales pedidos de cooperación internacional.

Martínez de Giorgi también puso el foco en las dificultades propias de una operatoria realizada sobre Solana, la red utilizada para crear $LIBRA. Ese dato vuelve más delicado el criterio aplicado: la atribución de billeteras digitales, la titularidad de los fondos y la reconstrucción del recorrido del dinero son, justamente, parte de las medidas técnicas que la investigación debe completar.

 En otros términos, el fallo les exige a los querellantes una demostración que depende, en buena medida, de medidas que el propio expediente aún no terminó de producir. 

Según analizó Hugo Alconada Mon en La Nación, ese punto podría convertirse en uno de los ejes de una apelación ante la Cámara Federal. Si la hipótesis investigada es una presunta defraudación, el lugar procesal de quienes compraron $LIBRA y denunciaron pérdidas aparece ligado al resultado de medidas técnicas que siguen pendientes.

La Cámara Federal ya había intervenido sobre este punto. El tribunal de alzada admitió a los querellantes y dejó abierta la posibilidad de revisar esa decisión una vez producidas medidas especializadas sobre blockchain y trazabilidad. La revisión, sin embargo, llegó antes de que esas medidas estuvieran completas.

Volatilidad o maniobra

La decisión también ingresó en una discusión de fondo: si la caída de $LIBRA respondió al riesgo propio de un mercado especulativo o si existió una maniobra defraudatoria. Para Novelli, no hubo un "rugpull", el término utilizado en el universo cripto para describir maniobras en las que los impulsores de un proyecto captan fondos, abandonan el emprendimiento y retiran el dinero.

"Lo que caracteriza al rugpull no es la volatilidad. Es la decisión previa de captar valor mediante engaño, para luego abandonar el emprendimiento y desaparecer con el producido de la maniobra. Nada de eso surge acreditado en el presente caso. Todo lo contrario", sostuvo.

Ese argumento forma parte de la estrategia defensiva, pero también toca el objeto central de la pesquisa. La causa todavía debe determinar si la caída del token fue consecuencia del riesgo propio de una inversión de alta volatilidad o si hubo una operatoria diseñada para atraer inversores, inflar el valor del activo y permitir el retiro anticipado de fondos por parte de determinadas billeteras.

Por eso, el estándar aplicado por Martínez de Giorgi abre una tensión jurídica: para reconocer la legitimación de los querellantes, les exigió una prueba cercana a la discusión de fondo, cuando la instrucción todavía no completó las medidas necesarias para despejar esa misma cuestión.

Una causa sin impulso privado

El apartamiento de los querellantes reduce el impulso privado en una causa que ya acumulaba demoras y limitaciones. Hasta ahora, los inversores que se presentaron como damnificados empujaban medidas de prueba, presentaciones y eventuales apelaciones. Sin ellos, el expediente queda concentrado en la actividad del fiscal Eduardo Taiano.

Ese dato no es menor. Según surge del expediente, el Ministerio Público Fiscal reconoció que no cuenta con las herramientas, el presupuesto ni las licencias tecnológicas necesarias para avanzar con el análisis de las billeteras digitales. La investigación, entonces, queda sin querellantes mientras todavía están pendientes medidas técnicas centrales y mientras el propio órgano acusador admite limitaciones materiales para avanzar sobre una operatoria cripto compleja.

La resolución también les exigió a los particulares que acreditaran el origen de los fondos utilizados para comprar $LIBRA. Ese punto suma otra controversia: el objeto de la causa no es investigar el patrimonio de las presuntas víctimas, sino determinar si existió una maniobra defraudatoria y si hubo conductas penalmente relevantes vinculadas a funcionarios públicos.

El contraste con EEUU

Mientras la causa argentina quedó sin querellantes, en EEUU siguen abiertos procesos judiciales vinculados al caso $LIBRA. La principal demanda tramita ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, bajo la conducción de la jueza federal Jennifer Rochon.

Ese expediente se centra en una demanda colectiva de inversores afectados y apunta, entre otros, contra Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, y Ben Chow, CEO de Meteora. Igual que en Argentina, se investiga si existió un esquema diseñado para inflar el valor del token, atraer inversores y permitir que un grupo de billeteras retirara fondos de manera anticipada.

En ese proceso, los demandantes señalaron que Javier Milei y Karina Milei emitieron publicaciones y declaraciones promocionales que, según esa acusación, dieron legitimidad al proyecto y provocaron pérdidas masivas.

En la Argentina, la decisión de Martínez de Giorgi dejó al expediente sin quienes hasta ahora reclamaban ser reconocidos como víctimas directas. La próxima discusión quedará en manos de la Cámara Federal si los querellantes apelan el apartamiento.