El oficialismo trabaja en el Congreso para postergar el debate sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia que reformó la Ley de Inteligencia Nacional, en un escenario atravesado por plazos formales y por las dificultades de la oposición para garantizar quórum y votos en un tratamiento anticipado.

La estrategia de La Libertad Avanza se apoya en el calendario legislativo y en el hecho de que los bloques opositores todavía no reúnen los 129 diputados necesarios para abrir el recinto antes del inicio del período ordinario. En la oposición admiten que, por ahora, suman alrededor de 120 legisladores, por lo que necesitarían incorporar respaldo de bloques provinciales o de la UCR para alcanzar ese número.

Plazos legales y disputa por el tratamiento

El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 15 de enero para comunicar formalmente el dictado del DNU al Congreso. A partir de ese momento, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo cuenta con diez días hábiles para emitir dictamen. Si no lo hace, el decreto queda habilitado para su tratamiento directo en el recinto.

La Ley 26.122 establece que, vencidos esos plazos sin despacho, ambas cámaras deben darle "expreso e inmediato tratamiento". Este punto concentra una de las principales diferencias: mientras la oposición sostiene que esa cláusula habilita sesiones en febrero, el oficialismo se apoya en el calendario legislativo tradicional.

El decreto puede quedar convalidado con el aval de una sola cámara, mientras que su rechazo requiere el voto de ambas.

Rechazos y puntos cuestionados

Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda anticiparon su rechazo al decreto y cuestionaron los puntos más sensibles de la reforma, entre ellos el carácter encubierto de las tareas de inteligencia y la posibilidad de aprehender personas en flagrancia.

Fuentes legislativas opositoras señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que especialistas en derecho constitucional consideran posible tratar la derogación en febrero, aunque advirtieron que el principal obstáculo sigue siendo reunir quórum y votos suficientes.

Reclamo por las comisiones bicamerales

Provincias Unidas reclamó a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la conformación de las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

En una nota firmada por Maximiliano Ferraro y otros legisladores, pidieron la "regularización y designación" de los integrantes de ambas comisiones y solicitaron que, una vez cumplidos los plazos constitucionales y legales, se convoque de forma urgente a la Comisión de Trámite Legislativo para analizar la validez del DNU.

La comisión encargada de monitorear los decretos está integrada por 16 miembros —ocho senadores y ocho diputados— y este año su presidencia corresponde al Senado.

El PRO y una posición en análisis

El PRO se pronunció sobre el Decreto 941/2025 y adoptó una posición de cautela. El bloque informó que conformó un equipo especializado para analizar la norma y sostuvo que resulta imprescindible conocer los protocolos de uso, las reglas de empeñamiento y los alcances operativos antes de fijar una posición definitiva.

Sin adoptar una definición final, el espacio que conduce Cristian Ritondo reconoció aspectos positivos de la reforma, como la integración y unificación de bases de datos estatales, y remarcó que su utilización se encuentra regulada por las leyes de protección de datos personales vigentes.

El PRO recordó además que la Ley de Inteligencia Nacional fue sancionada en 2001 y consideró necesario avanzar hacia una reforma del sistema de inteligencia, bajo controles democráticos, al tiempo que señaló que continuará analizando la normativa complementaria que emita el Poder Ejecutivo antes de expresar su postura final.