El Gobierno sufrió este jueves un nuevo traspié en el Senado al no conseguir los votos necesarios para aprobar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Aunque La Libertad Avanza logró reunir el quórum mínimo de 37 senadores para abrir la sesión, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, pidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto, ante la falta de apoyos para sancionar la norma.

La moción fue aprobada por 65 votos a favor, tres en contra y una abstención, lo que permitió al oficialismo evitar una derrota en el recinto y ganar tiempo para continuar las negociaciones.

Quórum, pero sin mayoría

La sesión comenzó con el respaldo del PRO, la UCR y legisladores de bloques provinciales, entre ellos representantes de Salta, Misiones y Neuquén.

Sin embargo, el acompañamiento para habilitar el debate no alcanzó para garantizar la aprobación del proyecto. Con el avance de la jornada quedó en evidencia que varios senadores que habían dado quórum no estaban dispuestos a votar a favor de la iniciativa.

El nuevo aplazamiento expuso nuevamente las dificultades del Gobierno para construir mayorías estables en una Cámara donde continúa sin tener número propio.

La reforma de la Ley de Tierras, el principal obstáculo

El punto que generó mayores resistencias fue la modificación de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011.

El proyecto oficial elimina los límites vigentes para que personas y empresas extranjeras puedan adquirir tierras rurales en Argentina. Las únicas restricciones quedarían para los Estados extranjeros y para compañías con participación estatal extranjera, aunque incluso esos casos podrían autorizarse mediante la aprobación de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo nacional.

En los últimos días circularon distintas versiones del texto para intentar sumar adhesiones. El último borrador incorporó la posibilidad de que cada provincia establezca sus propios límites a la compra de tierras por extranjeros, una concesión que generó diferencias incluso dentro del oficialismo.

Desde el Ministerio de Desregulación advirtieron que esa alternativa podría entrar en tensión con el principio constitucional que reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos.

Qué cambia el proyecto

La iniciativa no se limita a la Ley de Tierras. También introduce modificaciones en los regímenes de expropiaciones, desalojos, manejo del fuego, regularización dominial y registros de la propiedad inmueble.

En materia de expropiaciones, establece una interpretación más restrictiva de la utilidad pública, mejora los criterios de indemnización y exige que el Estado pague antes de tomar posesión del bien.

En cuanto a los desalojos, impulsa procedimientos sumarísimos que permiten acelerar la restitución de inmuebles ocupados ilegalmente y amplía las facultades de la Justicia para ejecutar las órdenes de lanzamiento con apoyo de la fuerza pública.

Además, modifica la Ley Pierri de regularización dominial, endurece los requisitos para acceder al beneficio y redefine las restricciones sobre tierras afectadas por incendios forestales, un punto que también despertó cuestionamientos de sectores ambientalistas.

Un proyecto que sigue sin consenso

El Gobierno sostiene que la reforma busca fortalecer el derecho de propiedad, otorgar mayor seguridad jurídica y fomentar las inversiones.

La oposición, en cambio, cuestiona principalmente la flexibilización para la compra de tierras por extranjeros y advierte sobre sus posibles efectos en materia de soberanía territorial y protección de los recursos naturales.

Con la postergación hasta el 6 de agosto, el oficialismo dispondrá de dos semanas para intentar reunir los votos que todavía le faltan y destrabar uno de los proyectos más conflictivos de su agenda legislativa.