El Tribunal Oral Federal N° 2, que ejecuta la condena de la causa Vialidad, ordenó el embargo de los bienes de Cristina Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia que, aunque no están imputados en la causa, los jueces argumentaron el alcance de la medida hacia ellos. Entre los bienes alcanzados figura el departamento de la calle San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

El embargo forma parte de una segunda etapa del proceso de decomiso destinado a "recuperar" los $685.000 millones que la Justicia fijó como perjuicio económico derivado de la maniobra investigada por corrupción. 

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso aclararon que los embargos no implican un decomiso automático ni una subasta inmediata de las propiedades, que también incluye los bienes que la familia tiene en Santa Cruz.

La resolución busca garantizar que el patrimonio permanezca disponible para una eventual ejecución mientras la Justicia define su destino definitivo. Esto quiere decir que, por ahora, la familia no pierde la propiedad de los inmuebles, pero no puede hacer trámites con ellos. Quedan bloqueados legalmente y no es posible venderlos, pasarlos a otra persona ni usarlos como garantía o hipoteca. 

Qué bienes alcanzó el nuevo embargo

Además del departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, el TOF 2 incluyó en las medidas cautelares distintos inmuebles ubicados en Puerto Madero y Santa Cruz. Entre ellos, un dúplex y cinco cocheras del Complejo Madero Center, además de otro departamento, dos cocheras y una baulera del mismo complejo ubicado en Puerto Madero. Esas propiedades tuvieron como inquilino a Cristóbal López.

En Santa Cruz, el tribunal ordenó embargar el terreno donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén, además de otros inmuebles y terrenos ubicados en El Calafate.

La medida también alcanzó propiedades de la familia Kirchner en Río Gallegos, entre ellas el chalet de la exmandataria sobre la costanera y viviendas ubicadas en las calles Alvear 395, Moreno 882 y 25 de Mayo 66.

La Justicia también puso la lupa sobre los bienes de Máximo y Florencia

El TOF 2 sostuvo que la condena firme determinó que la maniobra relacionada con la obra pública generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner.

Los jueces señalaron que durante el período investigado existió una conexión económica y comercial entre las empresas de Báez y los negocios de la familia Kirchner. En particular, remarcaron que las firmas del empresario alquilaron, explotaron turísticamente y construyeron emprendimientos vinculados con hoteles y propiedades de la familia, tanto a título personal como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. 

Según el tribunal, el dinero derivado del delito "circuló y se asentó" en los activos de esas sociedades. A partir de ese criterio, los magistrados consideraron que pueden quedar alcanzados por el decomiso los bienes incorporados a los patrimonios de los condenados durante el período comprendido entre 2003 y 2015.

El tribunal también recordó que el artículo 23 del Código Penal permite alcanzar a personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado con el producto o provecho del delito. La norma también contempla activos o participaciones que hayan sido transferidos gratuitamente a terceros.

En ese punto aparecen las acciones de Los Sauces y Hotesur, que permanecen embargadas desde 2017. Según la resolución, las cuotas y acciones que correspondían a Cristina Kirchner fueron cedidas gratuitamente a sus hijos, pero esa transferencia no impediría una eventual ejecución patrimonial sobre esos activos.

Los dólares de Florencia Kirchner

El segundo pedido de bienes a decomisar también incluye los más de cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tiene en una caja de seguridad de un banco.

El dinero fue detectado en el marco de la causa Hotesur y el fiscal Diego Luciani pidió incorporarlo al proceso de decomiso. Según la información citada en la resolución, la Justicia consideró que la familia Kirchner no logró acreditar el origen lícito de esas divisas.

El TOF 2 señaló además que el Banco Galicia todavía no respondió los requerimientos judiciales destinados a determinar el estado de esos dólares y establecer si existen otros fondos en cajas de seguridad o cuentas.

La primera etapa del decomiso espera a la Corte

Los nuevos embargos se suman a una primera etapa que contempla 111 propiedades identificadas por el Ministerio Público Fiscal.

En noviembre, el TOF 2 había ordenado el decomiso de 20 propiedades de la familia Kirchner, 85 de Lázaro Báez y sus empresas y otros seis inmuebles pertenecientes a los restantes condenados.

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó en febrero el criterio del tribunal y ordenó avanzar con el decomiso. Sin embargo, Cristina Kirchner y Báez recurrieron esa decisión, por lo que la definición final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Mientras el máximo tribunal analiza ese planteo, el TOF 2 avanza con la segunda tanda de bienes, que comprende 144 propiedades, vehículos y paquetes accionarios, además del dinero atribuido a Florencia Kirchner.