El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó formalmente una causa penal contra Claudio "Chiqui" Tapia por presunto enriquecimiento ilícito y pidió una batería de medidas para reconstruir el patrimonio del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Entre las diligencias solicitadas al juez federal Ariel Lijo figuran el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil de Tapia y el acceso a información reservada de la Unidad de Información Financiera (UIF). El magistrado deberá decidir si ordena las medidas requeridas.

Qué pidió investigar el fiscal

El requerimiento incluye unos 20 puntos y apunta a determinar la evolución de los bienes, ingresos, fondos e inversiones de Tapia. Pollicita pidió informes a ARCA, la ANSES, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Caja de Valores y la UIF.

También solicitó datos sobre cuentas bancarias, plazos fijos, préstamos, tarjetas, automóviles, inmuebles, embarcaciones y aeronaves vinculados con el dirigente. A eso sumó requerimientos a empresas que prestan servicios relacionados con criptomonedas y billeteras virtuales.

La fiscalía pidió además que la Dirección Nacional de Migraciones informe los ingresos y las salidas del país de Tapia. A la CEAMSE le requirió su legajo laboral, los ingresos percibidos y las declaraciones juradas patrimoniales presentadas durante su paso por el organismo.

Una vez reunida la documentación, Pollicita propuso realizar "un amplio informe patrimonial, económico y financiero a través de una institución especializada". El objetivo será determinar si las pruebas permiten avanzar con una imputación concreta.

Por qué se investiga su función en la CEAMSE

La causa se centra en el desempeño de Tapia dentro de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), la empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires y administra el peaje del Camino del Buen Ayre.

Tapia ocupó la vicepresidencia del organismo y luego asumió su presidencia en representación de la provincia de Buenos Aires. Su condición de funcionario público, y no su cargo al frente de la AFA, permite investigarlo por presunto enriquecimiento ilícito.

La presidencia de la entidad futbolística es ad honorem. Sin embargo, los ingresos percibidos por Tapia en otras organizaciones del fútbol forman parte de las medidas solicitadas para reconstruir su situación económica.

El pedido de información a la Conmebol

Pollicita solicitó que se libre un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en Paraguay, para que envíe el legajo personal de Tapia, los cargos que ocupó y los ingresos que percibió.

El requerimiento abarca los períodos en los que ejerció cada función, los conceptos cobrados, las cuentas bancarias en las que fueron acreditados los fondos, las resoluciones que respaldaron sus nombramientos y las declaraciones juradas que pudiera haber presentado.

El fiscal también propuso consultar si Tapia ocupó cargos ante la FIFA, a quién representó y si recibió ingresos por esas funciones.

La denuncia contra Tapia

La causa se originó en una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, dueño de World Eleven y enfrentado con Tapia después de que la AFA diera de baja el contrato de su compañía para organizar y comercializar partidos amistosos de la Selección argentina.

Tofoni sostuvo que, según su análisis de las declaraciones juradas, Tapia registró un crecimiento real de su liquidez cercano al 1.000% entre 2017 y 2024. De acuerdo con la acusación, ese aumento no tendría relación con los ingresos lícitos declarados durante el mismo período.

"El crecimiento real de la liquidez entre 2017 y 2024 fue de aproximadamente el 1.000%. Representó un incremento patrimonial que excede con creces cualquier índice inflacionario del período y que no encuentra correlato en los ingresos lícitos declarados por el propio Tapia durante ese lapso", afirmó Tofoni.

La denuncia también puso el foco en la compra de tres inmuebles durante 2019, la liquidez declarada en 2024 y los cambios registrados en la declaración jurada posterior. Esos señalamientos todavía deben ser comprobados en la investigación.

La causa quedó a cargo de Ariel Lijo

El expediente atravesó una disputa para determinar si debía tramitarse ante la Justicia porteña o en el fuero federal. La Cámara Federal resolvió esta semana que corresponde a los tribunales de Comodoro Py y el caso quedó a cargo de Lijo.

Tapia también está procesado en una causa penal por la presunta retención indebida de aportes por parte de la AFA. Además, afronta otras investigaciones vinculadas con el manejo de fondos de la asociación, el supuesto uso de facturas falsas y un presunto lavado de dinero.