La decisión de la Justicia bonaerense de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió un nuevo conflicto entre el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof.

La controversia escaló rápidamente luego de que la senadora, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apuntaran contra el gobernador bonaerense, mientras que el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, salió a responder y reclamó a Nación los recursos necesarios para implementar una reforma de esta magnitud.

El fallo fue dictado por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo y dispuso frenar temporalmente la aplicación de la nueva legislación en todo el territorio bonaerense.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, cuestionó tanto al gobernador bonaerense como al Poder Judicial provincial. "En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes", sostuvo a través de su cuenta en la red social X.

La dirigente libertaria apuntó contra la "Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias".

El jefe de Gabinete también intervino y apuntó contra el gobernador bonaerense: "Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil".

Santilli cuestionó las consecuencias que, según su interpretación, tendría la suspensión de la legislación frente a delitos graves cometidos por adolescentes de 14 años.

Y cerró su mensaje con una acusación política contra el mandatario provincial, al afirmar que está "del lado del delincuente, nunca de la víctima".

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le contestó a Santilli. "Bajar la edad de imputabilidad no alcanza", afirmó.

El funcionario provincial planteó que para implementar la nueva legislación hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal. Y reclamó al Gobierno nacional fondos para afrontar esas modificaciones y acusó a la administración de Javier Milei de quitarle recursos a la Provincia.

"Sin estructura, recursos e inversión es una modificación en los papeles".

Una ONG denunció a la jueza que frenó la ley en Provincia

La organización Usina de Justicia denunció penalmente a la jueza Marta Elba Pascual, quien este lunes suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La entidad acusó a la magistrada por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.

La presentación se produjo después de que Pascual hiciera lugar a un habeas corpus preventivo colectivo y ordenara frenar temporalmente la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense. La resolución no anuló ni derogó la norma nacional, que entró en vigencia esta semana, sino que impidió su aplicación durante el plazo establecido por la magistrada.

Usina de Justicia realizó además una segunda presentación para solicitar su intervención como amicus curiae en el expediente que originó la suspensión. La figura permite que una organización que no integra directamente el proceso acerque argumentos al tribunal para que los considere al momento de resolver.

La presentación de Usina de Justicia, realizada por Fernando Oscar Soto mediante el abogado Martín Luis Sarubbi, cuestionó los fundamentos que utilizó Pascual para suspender la aplicación de la ley.

Según la organización, la resolución judicial se apoyó en "una hipótesis de futuro" vinculada con un posible incremento de las internaciones y con las condiciones de alojamiento de los adolescentes.

La ONG sostiene que ese escenario no constituye una lesión concreta que justifique frenar la aplicación de una ley nacional.

La entidad cuestionó además que el fallo, según su interpretación, no haya considerado de manera integral las distintas herramientas que contempla el nuevo régimen. La Ley 27.801 no establece únicamente penas de prisión, sino que también contempla medidas educativas y de acompañamiento, prohibiciones de contacto o acercamiento, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico y mecanismos de reparación integral del daño.

Usina de Justicia planteó que la intervención judicial también debe incorporar la perspectiva y los derechos de las víctimas de delitos, uno de los objetivos que la asociación sostiene desde su creación.

La entidad también pidió participar de la audiencia convocada para el 16 de septiembre, en la que funcionarios bonaerenses deberán informar sobre las medidas que adoptaron y prevén adoptar para implementar el nuevo régimen.