Federico "Fred" Machado se declaró culpable ante la Justicia de EEUU por lavado de activos y fraude electrónico, en un acuerdo que le permitió evitar la acusación por narcotráfico y abrió una nueva etapa en una causa con derivaciones políticas en Argentina.

La audiencia se realizó este lunes en tribunales federales de Texas y duró apenas 16 minutos. Machado compareció junto a su abogada Jamie Solano ante el juez de instrucción Don D. Bush, quien verificó que el empresario argentino comprendiera las consecuencias de su decisión.

Ahora, el expediente quedó a la espera de la sentencia que deberá dictar el juez federal de distrito Amos L. Mazzant III, titular de la causa "United States v. Mercer-Erwin et al.". El próximo paso procesal podría demorarse entre 60 y 90 días.

Un cambio de estrategia

El acuerdo marcó un giro respecto de la posición inicial de Machado. Tras su extradición a EEUU, en noviembre de 2025, el empresario se había declarado "no culpable" ante el juez Bill Davis y se preparaba para enfrentar un juicio oral por jurados.

Detenido desde hace seis meses en un penal de Oklahoma, modificó su estrategia. La declaración de culpabilidad le permitió evitar el juicio y dejó fuera del acuerdo el cargo por narcotráfico, la acusación de mayor impacto político en Argentina y con mínimos obligatorios de 10 años de prisión.

Debra Lynn Mercer-Erwin, la socia de Machado, ya fue condenada en 2023 a 16 años de prisión en la misma causa. En su caso, la condena incluyó los tres cargos: lavado de activos, fraude electrónico y narcotráfico.

Aviones que no estaban en venta

Según los documentos presentados por la Fiscalía en Texas, Machado reconoció haber participado en una estafa montada sobre la venta de aeronaves que no podían ser comercializadas.

El esquema consistía en captar depósitos millonarios de inversores por aviones que, en realidad, pertenecían a compañías. Esas aeronaves no estaban en venta.

En los documentos judiciales figuran tres operaciones: una aeronave radicada en China en septiembre de 2019; un avión perteneciente a All Nippon Airways desde 2010, registrado en Japón, en febrero de 2019; y un avión de Air India, en noviembre de 2020, por el que se firmó un contrato con un depósito reembolsable de USD 5.000.000.

De ese último monto, USD 550.000 fueron transferidos directamente a cuentas de Machado para fines ajenos a la operación.

La trama funcionaba a través de South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, firmas controladas por Machado en Florida, en combinación con Wright Brothers Aircraft Title, una sociedad de Oklahoma City que actuaba como agente de depósito en garantía. Esa estructura compartía oficinas, recursos y empleados con Aircraft Guaranty Corporation, de Texas, propiedad de Mercer-Erwin.

La transferencia a Espert

Aunque el acuerdo judicial se concentra en delitos económicos cometidos en EEUU, el expediente conserva un capítulo sensible para la política argentina: la transferencia de USD 200.000 a José Luis Espert en enero de 2020.

La Fiscalía Federal en Texas mantiene esa operación como evidencia. La transferencia quedó documentada a través del Bank of America como "further credit to", una instrucción bancaria que fragmenta el recorrido del dinero mediante cuentas intermedias antes de llegar al beneficiario final. Los investigadores la vinculan con la aeronave de matrícula N28FM y la utilizan para reconstruir la ruta del dinero atribuida a Machado.

Espert sostuvo que ese pago correspondió a una consultoría vinculada a una mina en Guatemala, por un contrato de USD 1 millón del que solo habría cobrado una cuota. Según su versión, el servicio no se concretó por la pandemia de Covid-19 durante 2020.

La investigación del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, no encontró pruebas concretas de que Espert hubiese realizado esa consultoría. El exdiputado también quedó bajo escrutinio por el uso de aviones privados y otros beneficios atribuidos a Machado durante la campaña presidencial de 2019.

Milei salió a defenderlo

El acuerdo en Texas tuvo una derivación inmediata en la política local. Javier Milei defendió públicamente a Espert y apuntó contra la prensa, al considerar que el economista fue víctima de una "operación política y mediática".

"Finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto de las acusaciones de narcotráfico realizadas sobre la persona que usaron para atacar y ensuciar a José Luis Espert", escribió el Presidente en su cuenta de X.

La frase de Milei se apoyó en la caída del cargo por narcotráfico dentro del acuerdo judicial, aunque Machado no fue absuelto en la causa: aceptó declararse culpable por lavado y fraude, y aún debe recibir sentencia.

El Presidente también afirmó que Espert fue "condenado públicamente sin pruebas" y "empujado al ostracismo". En el mismo mensaje, sostuvo: "Destruyeron por completo a un inocente. Le arruinaron la vida, destruyeron su carrera política y buscaron destruir a una de las pocas personas que había defendido durante más de 20 años las ideas de la libertad en Argentina".

Dos causas abiertas en Argentina

Espert continúa imputado en dos causas por lavado de dinero en Argentina. Una tramita en los tribunales federales de San Isidro, con el juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, y la otra en Comodoro Py, con el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano. El exdiputado intentó unificar los expedientes en los tribunales de Retiro, pero la Cámara Federal rechazó dos veces ese planteo.

La investigación de San Isidro se concentra en los USD 200.000 que Espert reconoció haber cobrado de Machado, como parte de un supuesto contrato de USD 1 millón por una consultoría vinculada a una minera en Guatemala. Los investigadores sospechan que ese trabajo no existió o no llegó a realizarse. En esa causa, Mirabelli dictó y prorrogó una medida cautelar de no innovar que le impide a Espert disponer de su patrimonio.

El dato relativiza la lectura política que hizo Milei tras el acuerdo en Texas. Machado evitó el cargo por narcotráfico, pero aceptó declararse culpable por lavado y fraude. Para la pesquisa argentina, el punto central no es solo si el dinero provenía del narcotráfico o de una estafa, sino si los fondos tenían origen ilícito y si Espert conocía o debía conocer ese origen.

La Justicia también analiza documentación, dispositivos electrónicos secuestrados e información patrimonial y bancaria. Según La Nación, la cautelar se prorrogó después de que los investigadores detectaran que Espert retiró USD 80.000 de una cuenta tras la denuncia y hallaran un fideicomiso a nombre de su esposa por una inversión de USD 50.000 en una parcela de un barrio privado en la Costa Atlántica, que no habría sido declarado.

La sentencia que falta

Los cargos aceptados por Machado conllevan una presión penal considerable. Por la conspiración para lavar activos enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, multas de hasta USD 250.000 o el doble del beneficio obtenido, y hasta tres años de libertad supervisada. Por la conspiración para cometer fraude, la escala de prisión es similar.

A eso se suma el decomiso de bienes y activos. La fiscal federal Heather Rattan, presente en la audiencia en Texas, ya adelantó que la Fiscalía avanzará sobre ese punto.

La defensa apuesta a que el tribunal compute los seis meses que Machado ya cumplió en el penal de Cimarrón, en Oklahoma, y a que considere los cuatro años de prisión domiciliaria que pasó en las afueras de Viedma, tras su detención en Bariloche en abril de 2021. Ese segundo punto quedará a discreción del juez Mazzant.

Machado llegó a Texas después de que la Corte Suprema argentina habilitara su extradición el 5 de noviembre de 2025. Su salida de Viedma cerró una larga etapa bajo prisión domiciliaria y trasladó el centro del caso a los tribunales estadounidenses.