El Gobierno proyecta un incremento en las jubilaciones del 11,9% en marzo, a partir de la propuesta realizada por el Ejecutivo de regresar a la vieja fórmula de movilidad, derogada a fin de 2017.

En caso de aprobarse, los haberes previsionales pasarían a ajustarse de forma semestral y no cada tres meses como ocurre actualmente, y volverían a regirse en un 50% por los salarios formales y el 50% restante por la recaudación, como ocurrió a partir de la ley sancionada en 2008 y que rigió hasta 2018.

A partir de la mejora en la recaudación esperada en 2021, desde la Anses hicieron el ejercicio de estimar cuánto se incrementarán los beneficios en marzo y septiembre: 11,9% y 18,2%, respectivamente. Así terminarían el año con una mejora del 32,2%.

Por el contrario, de mantenerse la ley 27.426 -suspendida ni bien asumió Alberto Fernández-, las subas hubieran sido de 6,8% en marzo; 7,4% en junio; 6,8% en septiembre y 6,8% en diciembre, para totalizar un 30,9%.

Es decir que con el regreso a la vieja fórmula, los haberes tendrán una suba de 1,3 puntos porcentuales más en relación a la norma sancionada durante el macrismo, al tiempo que se percibirá antes, dado que será semestral y no más trimestral.

La ley 27.426 había establecido que los haberes se ajustarían en un 70% por inflación y un 30% restante por el índice de salarios del ministerio de Trabajo (RIPTE). El paso a un esquema trimestral implicó desde el punto de partida un incremento menor para los haberes, que además quedaron mucho más expuestas a fogonazos inflacionarios como los ocurridos en 2018 y 2019. En ese lapso, los haberes mínimos acumularon un deterioro del 19,5%.

La desaceleración en la suba de precios observada en 2020 hubiera implicado una mejora para las jubilaciones. Hasta septiembre, habrían tenido un alza del 36%. Sin embargo, el Gobierno derogó la ley y aplicó aumentos por decreto concentrados en la mínima, que se recuperó 28% (subió 5% real), mientras las máximas avanzaron sólo 18%.

El regreso al antiguo esquema busca "compartir" el crecimiento económico, que sea sostenible fiscalmente y jurídicamente segura.