El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un endurecimiento de las sanciones para quienes falsifiquen, adulteren o utilicen de manera irregular los carteles de reserva de estacionamiento destinados a personas con discapacidad.

La iniciativa forma parte del plan de ordenamiento del espacio público que impulsa la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, y contempla multas económicas, la suspensión preventiva de la licencia de conducir e incluso denuncias penales en los casos más graves.

Jorge Macri fue contundente: "Se terminó la avivada"

Al presentar la medida, el jefe de Gobierno dejó en claro que la Ciudad no tolerará más este tipo de maniobras y anunció un fuerte endurecimiento de los controles.

En ese sentido, afirmó: "Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos. Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo. Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal. Tienen 20 días para regularizar cualquier situación. Después de ese plazo, bánquense las consecuencias legales. Ley y orden".

Más de 400 carteles fueron retirados en lo que va del año

Según informó la Ciudad, durante este año ya fueron removidos más de 400 carteles que ocupaban de manera irregular espacios destinados al estacionamiento reservado.

Durante los operativos se detectaron permisos falsificados, documentación adulterada, autorizaciones vencidas e incluso carteles cuyos titulares correspondían a personas fallecidas.

Las autoridades remarcaron que estas maniobras representan una apropiación ilegal del espacio público y perjudican directamente a quienes realmente necesitan esos lugares para garantizar su accesibilidad.

Cómo funcionará el nuevo protocolo de control

La Secretaría de Tránsito intensificará las inspecciones y actuará de manera inmediata cuando detecte alguna irregularidad.

El procedimiento contempla:

• Retiro inmediato del cartel o de la señalización irregular.
• Denuncia ante el Ministerio Público Fiscal cuando existan indicios de falsificación o adulteración.
• Posibilidad de que el infractor presente un descargo antes del inicio de una causa penal.
• Suspensión preventiva de la licencia de conducir mientras avanza el procedimiento administrativo.

Además, quienes hayan colocado carteles ilegales deberán afrontar los gastos derivados del operativo de remoción y de la reparación de la señalización.

Las multas que prevé la nueva normativa

El endurecimiento de los controles también incorpora importantes sanciones económicas.

Entre ellas se destacan:

• Multas de hasta $200.000 para quienes exhiban certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o que no cumplan con la reglamentación vigente.
• Multas de hasta $100.000 por instalar señales de tránsito sin autorización o modificar, destruir o adulterar la señalización oficial.

A estos montos también se sumarán los costos de remoción del cartel y de la restitución del espacio público intervenido.

Un proyecto para endurecer aún más las sanciones

El Gobierno porteño informó además que enviará un proyecto a la Legislatura de la Ciudad para modificar el Código Contravencional.

La iniciativa busca incorporar como contravención específica la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento destinados a personas con discapacidad, con el objetivo de fortalecer las herramientas legales para sancionar estas conductas.

Habrá 20 días para regularizar la situación

Antes de comenzar a aplicar las sanciones más severas, la Ciudad otorgará un plazo de 20 días corridos para que quienes tengan permisos vencidos, datos desactualizados o utilicen espacios no autorizados puedan regularizar voluntariamente su situación.

El trámite podrá realizarse a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) o mediante el correo electrónico habilitado por el Gobierno porteño para este tipo de gestiones.

El objetivo: proteger un derecho y evitar los abusos

Con estas nuevas medidas, la Ciudad de Buenos Aires busca garantizar que los espacios reservados sean utilizados exclusivamente por las personas que realmente los necesitan. A través del endurecimiento de los controles, las multas, la suspensión de licencias y las posibles denuncias penales, el Gobierno pretende poner fin a las maniobras fraudulentas y asegurar el respeto por los derechos de accesibilidad, promoviendo un uso responsable y transparente del espacio público.