La justicia de Estados Unidos autorizó a los demandantes del caso YPF a utilizar información confidencial obtenida en el proceso judicial para presentaciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La decisión la tomó Loretta Preska, jueza de Nueva York, y habilita un nuevo frente de litigio contra la Argentina.

El fallo rechaza la postura del Estado argentino y de la petrolera, que buscaban limitar el uso de ese material a causas dentro de EEUU. Con esta resolución, los fondos que impulsan la demanda, entre ellos Burford Capital, podrán trasladar documentación del proceso de discovery a tribunales arbitrales internacionales.

La medida se dictó tras un giro reciente en el caso. A fines de marzo, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó sin efecto la condena de primera instancia por USD 16.100 millones vinculada a la expropiación de YPF. Ese fallo favoreció a la Argentina, pero no cerró el conflicto.

Qué implica la decisión de Preska

La resolución amplía el alcance del litigio y habilita el uso de pruebas obtenidas en EE.UU. en nuevas acciones ante el CIADI, organismo del Banco Mundial que interviene en disputas entre Estados e inversores extranjeros.

Ese tribunal no ejecuta sus fallos de forma directa. Quienes obtienen una decisión favorable deben luego acudir a la justicia de cada país para su reconocimiento y cobro.

El eventual traslado del caso implica un cambio de escenario: el expediente pasaría de la justicia federal estadounidense a un sistema arbitral con menor exposición pública y plazos más extensos.

La defensa argentina sostuvo que el material confidencial se entregó bajo la condición de uso exclusivo en ese proceso. También advirtió que su utilización en otras instancias vulnera ese marco.

Desde el entorno judicial, el ex subprocurador del Tesoro Sebastián Soler señaló que la decisión no altera el carácter confidencial de la información, aunque en la práctica habilita su circulación entre partes en otros expedientes.

La estrategia de Burford y los próximos pasos

Burford Capital, el fondo que financia la demanda, busca revertir el resultado favorable a la Argentina. Para eso evalúa nuevas presentaciones en tribunales estadounidenses y en el ámbito arbitral internacional.

El fondo anticipó que continuará el litigio y analiza llevar el caso a instancias superiores, incluida la Corte Suprema de EEUU.

En paralelo, prepara su presentación ante el CIADI con base en tratados bilaterales de inversión. Ese camino abre un escenario adicional de disputa que podría extender el conflicto durante años.

El origen del conflicto por YPF

El caso se vincula con la expropiación del 51% de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La operación se realizó sin una oferta pública de adquisición para el resto de los accionistas, un punto central del reclamo.

Los demandantes sostienen que el Estado incumplió el estatuto de la compañía, que obligaba a lanzar una OPA en caso de tomar control. Ese argumento dio origen a la demanda por daños económicos.

El litigio se inició a partir de los derechos adquiridos por Petersen Energía y Petersen Inversora, sociedades que luego transfirieron su participación en la causa a Burford.

El fondo compró esos derechos por €15,1 millones y estructuró la demanda a partir de esa adquisición, un punto que la defensa argentina utiliza para cuestionar la jurisdicción en el plano internacional.

Tras el fallo favorable a la Argentina en la Cámara de Apelaciones, los demandantes avanzaron con la vía arbitral internacional como alternativa para sostener el reclamo por otra jurisdicción.

El CIADI aparece en ese esquema como una vía basada en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre la Argentina y España en 1991, que habilita reclamos de inversores ante ese tribunal.

Un escenario judicial abierto

El eventual avance en el CIADI reabre un frente históricamente adverso para el país. Desde comienzos de los años 2000, la Argentina acumuló decenas de demandas en ese ámbito, con una tasa de derrotas cercana al 86% en casos resueltos.

La decisión de Preska no define el fondo del conflicto, pero amplía el margen de acción de los demandantes. El caso suma una vía internacional que puede avanzar en paralelo a los tribunales estadounidenses.

El conflicto ahora combina dos planos: la disputa en EE.UU., donde la Argentina obtuvo un alivio parcial, y el intento de trasladar el reclamo a un tribunal arbitral con antecedentes desfavorables para el país.

El resultado final dependerá de las próximas decisiones judiciales y de la estrategia que adopten las partes. La causa sigue abierta y concentra uno de los principales riesgos legales para la Argentina en el frente internacional.