El Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF mediante un escrito ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La intervención fue realizada ante la jueza Loretta Preska, en el marco del pedido de sanciones por desacato impulsado por los demandantes.

El organismo solicitó que se rechace el planteo de sanciones y advirtió sobre las implicancias que pueden tener este tipo de litigios contra Estados soberanos en tribunales norteamericanos. En su presentación, sostuvo que las medidas solicitadas no se ajustan a los principios de cortesía internacional ni al régimen de inmunidad soberana previsto en la legislación estadounidense.

El Departamento de Justicia también destacó que la Argentina realizó esfuerzos sustanciales para cumplir con las órdenes de discovery -la etapa de intercambio de pruebas- aunque señaló que ciertos requerimientos, como la entrega de comunicaciones personales de funcionarios, pueden resultar incompatibles con las normas que rigen los procesos contra Estados extranjeros.

La Procuración del Tesoro destacó que el respaldo "pone de relieve la solidez técnica y jurídica" de la posición argentina y remarcó que el país entregó más de 115.000 páginas de documentación durante más de dos años de intercambio probatorio. "A pesar del amplio acceso a la información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respalde sus acusaciones", afirmaron.

El apoyo fue celebrado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien escribió en X: "Y para cerrar un día histórico en el Congreso más reformista de la historia, en una instancia clave del juicio por YPF, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha presentado esta tarde ante el tribunal de Loretta Preska en apoyo a la posición de la República Argentina frente al pedido de sanciones efectuado por los demandantes".

El trasfondo del conflicto 

 El planteo de desacato fue promovido por los beneficiarios del fallo, encabezados por el fondo Burford Capital, que sostiene que la Argentina incumplió órdenes judiciales vinculadas a la entrega de información.

Entre otras medidas, solicitaron la aplicación de una multa de un millón de dólares diarios hasta que se produzca la documentación requerida, incluida información "off-channel", como mensajes de WhatsApp y correos electrónicos personales de funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo y el exministro Sergio Massa.

Además, pidieron que el tribunal considere como "alter ego" del Estado a organismos y empresas como el Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF, lo que habilitaría eventuales embargos sobre sus activos para ejecutar la sentencia por 16.100 millones de dólares.

En este escenario, la presentación del Departamento de Justicia constituye un respaldo clave para la estrategia argentina en una instancia sensible del proceso.