Axel Kicillof suspendió por 90 días la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), un programa que distribuía alimentos en escuelas públicas y alcanzaba a más de 2 millones de personas en la provincia de Buenos Aires.

La decisión corta la entrega de cajas con nueve productos básicos que recibían unas 2,1 millones de familias a través de los consejos escolares de los 135 municipios bonaerenses.

Qué es el programa y a quién alcanzaba

El programa cubría una necesidad básica en sectores con ingresos bajos, donde la compra de alimentos representa una preocupación cotidiana.

El esquema surgió durante la pandemia como refuerzo alimentario. Cada caja contenía productos como arroz, aceite, harina, leche, lentejas, levadura, tomate triturado y conservas.

Las entregas tenían frecuencia mensual y se organizaban desde los consejos escolares, cuyos integrantes se vinculan con las gestiones municipales. La asistencia apuntaba a familias con chicos en escuelas públicas y complementaba el servicio alimentario escolar.

El argumento de Kicillof: ajuste fiscal

La gobernación justificó la suspensión por razones fiscales. El esquema implicaba un gasto mensual estimado entre $28.000 y $30.000 millones.

Durante su vigencia, el financiamiento se repartía entre Nación y Provincia. El Estado nacional aportaba cerca del 40%, mientras Buenos Aires cubría el resto.

El programa contaba con respaldo del gobierno nacional anterior, con partidas habilitadas durante la gestión de Martín Guzmán, lo que permitió sostener el esquema durante su etapa inicial.

Ese esquema cambió con el nuevo gobierno nacional. La provincia sostiene que perdió ese aporte y debió absorber el costo total, con una erogación que ronda los $12.000 millones mensuales adicionales.

El gobierno bonaerense sostiene que la continuidad del programa sin ese financiamiento resultaba inviable dentro del presupuesto actual.

Reclamos y críticas dentro del peronismo

La decisión abrió un conflicto interno: dirigentes cercanos al kirchnerismo cuestionaron la medida y la calificaron como un ajuste que impacta en sectores vulnerables. La reacción profundizó la tensión dentro del espacio político.

El senador Mario Ishii fue uno de los más duros. Definió la suspensión como un recorte sobre la alimentación de los sectores más pobres.

Sectores de La Cámpora responsabilizaron tanto a Kicillof como al Gobierno nacional por la interrupción del programa y buscaron despegarse del costo político de la medida.

Intendentes y presión territorial

Intendentes del conurbano expresaron preocupación por el impacto social. En varios distritos, la asistencia alimentaria representa una herramienta clave frente a la demanda de los vecinos.

Algunos jefes comunales apuntaron contra el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, por la reducción de fondos nacionales.

Otros dirigentes remarcaron que reciben reclamos directos y advirtieron sobre una mayor presión social tras la suspensión del programa.

En paralelo, varios intendentes organizaron gestiones conjuntas para reclamar recursos y advirtieron sobre el deterioro del sistema alimentario en las escuelas.

Cruces con el Gobierno nacional

Desde Nación rechazaron las críticas y señalaron que la asistencia alimentaria en escuelas corresponde a la provincia. Funcionarios remarcaron que los recursos se asignan según criterios de vulnerabilidad y cuestionaron el nivel de gasto bonaerense.

En ese marco, el conflicto escaló hacia un cruce político por la responsabilidad del financiamiento y la administración de los programas sociales.

Impacto social y escala del recorte

La interrupción del MESA afecta a uno de los principales dispositivos de asistencia alimentaria del territorio bonaerense. La suspensión deja sin ese complemento a más de 2 millones de personas en un contexto de caída del poder adquisitivo y aumento de la demanda social.

El recorte también impacta en el sistema escolar, que pierde un canal de distribución de alimentos para estudiantes y sus familias, en un contexto de mayor presión social.