La audiencia pública por la modificación de la ley de Glaciares comenzó este miércoles con un pedido formal de impugnación impulsado por legisladores de la oposición, que cuestionaron el mecanismo de participación definido por la Cámara de Diputados y denunciaron que el procedimiento no cumple con los requisitos legales vinculados a la intervención de la sociedad civil.

El reclamo presentado ante el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, lleva la firma de los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.

Los legisladores sostienen que la audiencia resulta "inválida por las graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo, las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)".

El planteo derivó en una respuesta inmediata del diputado de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, quien afirmó que "un grupo de diputados presentó una impugnación. Esta impugnación se le dará curso por los canales administrativos. Las presentaciones judiciales fueron todas rechazadas. La justicia federal de misiones dijo que el procedimiento es válido. Las medidas cautelares todas fueron rechazadas. La impugnación no la voy a leer y tampoco los fallos judiciales".

Sin embargo, el intercambio abrió el primer foco de tensión de la jornada, ya que desde la oposición señalaron que no existe un canal administrativo previsto para este tipo de trámite dentro del procedimiento legislativo, lo que profundizó el conflicto desde el inicio del encuentro.

Reclamos por el tiempo de exposición y la reducción del plazo

El segundo punto de conflicto apareció con el tiempo asignado a los oradores, debido a que el plenario de comisión había definido exposiciones de cinco minutos, pero quienes lograron ingresar a la audiencia denunciaron que se les informó un plazo de cuatro minutos, lo que generó protestas tanto de expositores como de legisladores opositores.

El escenario se volvió más tenso en la primera hora, cuando diputados del peronismo interrumpieron la audiencia para reclamar que la seguridad de la Cámara no permitía el ingreso de oradores que estaban anotados para exponer, situación que derivó en una discusión en el recinto y obligó a Mayoraz a retirarse para gestionar personalmente, junto a legisladores de Unión por la Patria, el acceso de los inscriptos.

La audiencia se realizó en un marco de fuerte controversia por el volumen de participantes anotados, ya que se registraron más de 100.000 inscriptos y solo se autorizó la presencia de 200 expositores, lo que fue cuestionado de manera reiterada por organizaciones ambientales, vecinos y referentes técnicos que participaron del debate.

Exposiciones en contra y advertencias judiciales

Durante el desarrollo de la audiencia, la mayoría de las exposiciones se pronunciaron contra la modificación de la norma y cuestionaron la metodología adoptada, con referencias reiteradas a la restricción de participación y al anuncio de posibles acciones judiciales para frenar la iniciativa.

En ese contexto, se repitieron argumentos vinculados al impacto sobre el cuidado del agua y al riesgo de que "sólo 12 provincias definan sobre la totalidad del agua de los argentinos", además de críticas directas al oficialismo, con acusaciones contra diputados libertarios a quienes señalaron por "reírse" durante las intervenciones.

San Juan respaldó el proyecto y generó cruces en el recinto

En medio de una mayoría de discursos contrarios a la reforma, una de las pocas intervenciones en respaldo del proyecto provino del ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, quien afirmó que su provincia no enfrenta conflictos por el agua debido a la minería sino "porque el kirchnerismo en los últimos 20 años abandonó las obras de mantenimiento del riego".

Su exposición generó abucheos durante el desarrollo, pero también aplausos del oficialismo, y el clima se tensó aún más cuando al superar los cuatro minutos asignados los diputados opositores comenzaron a gritarle que se había acabado su tiempo.

La dinámica dejó expuesto un debate marcado por interrupciones, cruces políticos y fuertes cuestionamientos al formato de participación.

Marta Maffei calificó la audiencia como una "farsa"

Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo a cargo de Marta Maffei, ex diputada del ARI y autora de la ley original que el oficialismo busca modificar.

Durante su intervención sostuvo que "El Senado votó un proyecto que deroga las claves de la ley actual, omite todos los recaudos legales y constitucionales". 

y agregó "Esta audiencia es de una profunda ilegitimidad. Un puñado de diputados pretende sanear lo que quieren hacer convocando a esta farsa".

Su intervención se dio en medio de gritos de "mentira" provenientes del bloque libertario, que fueron respondidos por Maffei durante su exposición.

Pérez Esquivel y FARN cuestionaron el cambio

Otro de los expositores de mayor peso fue Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, quien afirmó que asistía "por una gran preocupación que es el agua" y señaló "No es una mercancía, es un derecho que se le está quitando al pueblo".

También tuvo fuerte repercusión la exposición de Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quien cuestionó la legalidad del procedimiento y advirtió que la reforma no generará estabilidad normativa al sostener que "van a ver cientos de demandas con esta ley".

En esa línea, Nápoli remarcó que la normativa vigente "no necesita modificarse ni interpretarse, necesita ser cumplida".

Denuncias contra empresas mineras y advertencias contra Royón

En otro tramo de la audiencia, el abogado ambientalista Enrique Viale apuntó contra "las multinacionales que se verán beneficiadas con la nueva Ley de Glaciares: Vicuña, Barrick Gold y Glencore" y anunció "Mañana denunciaré a la senadora Flavia Royón por incompatibilidad con la función publica y cohecho".

Viale acusó a Royón de trabajar para el gigante Río Tinto y afirmó "No representa a Salta, representa a las mineras".

Segunda jornada online y participación limitada

La Cámara continuará este jueves con la segunda jornada de audiencias públicas, que comenzará a las 10 y se realizará de manera online, con una nueva tanda de 180 expositores conectados mediante una plataforma digital y con un tiempo de cuatro minutos para intervenir.

El resto de los más de 100.000 inscriptos tendrá como alternativa enviar un video de no más de cinco minutos o presentar un escrito.

Durante la primera jornada, la mayoría de las intervenciones fueron técnicas y políticas, con participación de vecinos de distintas provincias, ex legisladores y representantes de pueblos originarios, y un predominio amplio de posturas contrarias a la modificación de la ley.