La Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su "más absoluta oposición y rechazo" al Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, al considerar que se trata de una reforma de extrema gravedad institucional.

En un comunicado la central sindical sostuvo que este tipo de cambios "deben necesariamente ser tratados y legitimados a través del Congreso de la Nación", y cuestionó que se avance por decreto sobre un área sensible del Estado.

Críticas al aumento de poder y falta de control

Según el documento difundido por la CGT, el DNU introduce "cambios en la organización y conducción del sistema de inteligencia" que habilitan "reformas arbitrarias, regresivas y peligrosas".

En ese sentido, advirtió que la decisión del Gobierno "deja a toda la ciudadanía en una situación institucionalmente crítica", ya que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementaría su poder y su opacidad sin control parlamentario.

Advertencia sobre espionaje y derechos civiles

La central obrera señaló que, con el nuevo esquema, "todas las actividades de espionaje pasarán a ser encubiertas", lo que transformaría a los agentes de inteligencia en una suerte de "policía secreta" o "fuerza parapolicial".

Además, alertó sobre la posibilidad de detenciones sin orden judicial y cuestionó que se autorice a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad a realizar tareas de inteligencia interior, una práctica prohibida por la legislación vigente.

Riesgo para la libertad de prensa

Otro de los puntos que generó fuerte preocupación en la CGT es la habilitación de acciones ante una supuesta "fuga de información clasificada", lo que, según señalaron, podría derivar en hostigamiento y censura sobre el ejercicio del periodismo.

"En la práctica, esto representa una grave amenaza al ejercicio de un periodismo libre", remarcaron, y advirtieron que el decreto vulnera garantías constitucionales básicas.

Un contexto de conflicto con el Gobierno

El pronunciamiento de la CGT se da en un contexto de fuerte tensión con la administración libertaria, especialmente por el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno en el Congreso y que es rechazado por el sindicalismo.

En ese marco, la central concluyó que este tipo de iniciativas "surgen como el complemento represivo indispensable de un programa económico y social de ajuste continuo", y afirmó que ese rumbo "se aleja cada vez más de un modelo compatible con la vigencia de una democracia plena".