La CGT llevó adelante su cuarto paro general durante la gestión de Javier Milei, en rechazo al proyecto de reforma laboral que el Congreso debatía, con impacto dispar según los sectores y un nuevo cruce público entre el sindicalismo y el Gobierno.

El nivel de afectación se sintió con fuerza en el transporte público. Solo circularon las líneas de colectivos del grupo DOTA, cuyos choferes no están afiliados a la UTA. La ausencia de trenes, subtes y la mayoría de los colectivos empujó a muchos usuarios hacia autos de aplicaciones y servicios de combis como alternativa.

Impacto desigual en la actividad

La medida paralizó la mayor parte de las fábricas de distintos rubros industriales y redujo la atención en dependencias públicas, bancos y otras entidades.
El comercio minorista mostró otro escenario. En numerosos locales a la calle la actividad continuó con relativa normalidad.

El cosecretario general de la CGT y titular del sindicato del Seguro, Jorge Sola, sostuvo que el acatamiento fue "importantísimo" y lo vinculó con el rechazo sindical a la reforma.
"El acatamiento es importantísimo, ya desde ayer a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo", afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Sobre la adhesión de la UTA, señaló que los choferes "tienen derecho a expresarse también, y esa adhesión es un apoyo y una unidad de concepción".

Sola interpretó la huelga como respuesta "a la destrucción del tejido productivo que se está haciendo desde hace dos años" y vinculó el cierre de la empresa FATE con una caída de "300.000 puestos de trabajo formales" desde el inicio de la actual gestión.

Marcha al Congreso y presión interna

Sectores sindicales críticos de la conducción cegetista, junto a gremios de las dos CTA, acompañaron el paro con una movilización frente al Congreso, donde Diputados trataba la iniciativa.

El Frente de Sindicatos Unidos -integrado por la UOM, Aceiteros, Pilotos, Aeronáuticos y ATE, entre otros- presionó durante semanas para que la central convocara a la medida.

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, afirmó antes de la movilización: "Estamos cumpliendo con ese mandato, con ese compromiso que tomamos de estar en las calles luchando. No concebimos otro camino que no sea el de la lucha para revertir y transformar esta realidad que nos duele a todos".

También cuestionó la iniciativa oficial: "Esta reforma laboral, mal llamada modernización laboral, tiene como único objetivo el sometimiento y la pérdida de dignidad para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país".

La respuesta del Gobierno

Desde el Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó la medida y calificó la protesta como "extorsiva".

"No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas", sostuvo, y agregó que el acatamiento "es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte por más ganas que tengas de ir a trabajar no podés hacerlo".

Adorni cuestionó además las motivaciones del paro y comparó la situación con la gestión anterior. "Con Alberto Fernández tenías 200% de inflación, 60% de pobres, un país devastado y no había paros", afirmó.

El funcionario estimó que la huelga provocó pérdidas cercanas a USD 600 millones y planteó que "hay gente que representa a los trabajadores y que hoy no los deja ir a laburar".

También se refirió al cierre de FATE: "Al argentino no podés obligarlo a pagar las cosas tres veces más de lo que valen para que una empresa sobreviva".

Debate legislativo en el centro de la escena

Mientras se desarrollaba la medida de fuerza, el Congreso se preparaba para continuar la discusión de la reforma laboral, con foco en el artículo 44 sobre licencias por enfermedad, que el oficialismo anticipó que eliminará.

La jornada dejó calles con menos transporte, fábricas sin actividad y columnas sindicales frente al Parlamento, en simultáneo con un debate legislativo que siguió abierto.