La Ciudad denunció a la jueza que declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad
El ministro Gabino Tapia acusó a Laura De Marinis de mal desempeño y desconocimiento del derecho tras el sobreseimiento de un menor.
El Gobierno porteño denunció a la jueza Laura De Marinis ante el Consejo de la Magistratura por "mal desempeño" y "desconocimiento inexcusable del derecho", después de que la magistrada declarara inconstitucional un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyera a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.
La presentación la realizó el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, quien pidió que, si se comprueban los hechos planteados, se formule la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento.
El caso abrió una fuerte disputa institucional entre el Poder Ejecutivo porteño y la magistrada, mientras el fallo también quedó bajo revisión judicial tras la apelación de la fiscalía.
La denuncia contra De Marinis
Tapia fundamentó la presentación en los artículos 106 a 110 y 122 de la Constitución de la Ciudad. Según sostuvo, esos artículos establecen tanto la independencia de los jueces como las causales de remoción por mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho.
La independencia judicial no equivale a irresponsabilidad funcional
La denuncia llegó después de que De Marinis cuestionara públicamente las críticas que recibió por su resolución y advirtiera que un pedido de juicio político basado en una decisión judicial podía generar una situación de "extrema gravedad institucional".
El fallo que desató la disputa
De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 para el caso concreto de un adolescente de 14 años acusado de un intento de robo.
El adolescente había sido detenido junto con otros jóvenes después de un episodio ocurrido en Palermo. La jueza consideró que la declaración de inconstitucionalidad debía limitarse a ese expediente y sobreseyó al menor.
La magistrada sostuvo que la nueva normativa, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años, resulta regresiva respecto del régimen anterior y entra en conflicto con estándares de derechos humanos y con la Convención sobre los Derechos del Niño.
El fallo no suspendió la aplicación general de la Ley 27.801. De Marinis aclaró que la decisión alcanzó exclusivamente al adolescente involucrado en esa causa.
La jueza defendió su decisión
Tras las críticas, De Marinis explicó que resolvió a partir de un planteo concreto de la defensa oficial, acompañado por la Asesoría Tutelar.
"No podemos analizar el planteo de inconstitucionalidad en abstracto, sino que tenemos que anclarlo al caso concreto", sostuvo.
La magistrada también remarcó que la causa continúa respecto de otros adolescentes de 16 años involucrados en el expediente, a quienes sí alcanza la Ley 27.801.
"Esto no es un mensaje de impunidad; la causa no se archivó y se sigue investigando", afirmó.
Además, señaló que la víctima del intento de robo atravesó una situación de temor y adrenalina, aunque aclaró que no sufrió una lesión física.
El cruce con Jorge Macri
El conflicto escaló después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionara públicamente el fallo y anunciara que pediría el juicio político de la jueza.
"Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre", escribió en X.
De Marinis respondió que esa caracterización distorsionaba el contenido de su resolución y cuestionó que las autoridades plantearan un juicio político por una decisión que, según sostuvo, cuenta con fundamentos jurídicos.
"Está en juego la independencia judicial", afirmó la magistrada.
El fallo quedó bajo revisión
La fiscalía apeló la resolución que declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801. Además, dos integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil pidieron apartar a De Marinis y asignar un nuevo juez.
La denuncia de Tapia ante el Consejo de la Magistratura suma ahora una nueva instancia al conflicto. La discusión deberá avanzar por las vías institucionales correspondientes mientras la Justicia revisa el fallo que originó la disputa.


