La esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, pidió ingresar en el programa de Inocencia Fiscal para declarar todos sus ingresos y activos no registrados sin recibir ningún tipo de multa al respecto.

 La ley de Inocencia Fiscal entró en vigor en enero de este año y abandona la histórica presunción de culpabilidad fiscal. Es decir, al permitirse la declaración del patrimonio en cualquier momento, el Estado deja de operar bajo la sospecha sistemática de evasión y traslada la carga de la prueba al organismo recaudador, sin establecer multas.

 La normativa delimita su alcance a personas humanas y sucesiones indivisas que registren ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones en los últimos tres ejercicios evaluados individualmente. Fuera de este esquema quedan los grandes contribuyentes, un grupo acotado que ARCA calcula en cerca de 900 personas. 

Angeletti figura en ARCA como contribuyente T2 de profesionales independientes y solicitó la adhesión al régimen de regularización tributaria el 31 de mayo de este año, con domicilio fiscal en avenida Asamblea de la Ciudad de Buenos Aires, inmueble en el que vivía junto a Adorni y sus hijos antes de comprar el departamento de Caballito y cuya adquisición es investigada por la Justicia.

El pedido de ingreso al programa de Inocencia Fiscal coincide con la falta de presentación de la declaración jurada del propio Manuel Adorni, que es investigado por enriquecimiento ilícito por tener consumos más elevados que sus ingresos declarados. El funcionario hizo viajes de lujo y adquirió el departamento de Caballito, también la casa en Indio Cuá, lugar en el que habría hecho costosas refacciones que incluyen una cascada en el patio.

 La investigación también señala que el jefe de Gabinete mantendría una deuda de USD 65.000 con Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las copropietarias que vendió el departamento de Caballito. 

Los consumos del funcionario y su esposa, cuyos gastos con tarjeta de crédito superaron los $85,1 millones durante el último año. Con un promedio mensual superior a los $7 millones, la cifra contrasta con los ingresos declarados en ese período: un salario oficial de $3,5 millones para el titular de ministros y una condición de monotributista para su cónyuge, dueña de la consultora B+.