La IGJ intimó a la AFA y a la Superliga por sus balances y advirtió sobre posibles sanciones

El Ministerio de Justicia exigió explicaciones por cifras millonarias en balances de la AFA y la Superliga. La medida es administrativa y corre en paralelo a causas penales en trámite.

El Ministerio de Justicia anunció que intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones detalladas sobre “las cifras contenidas en sus estados contables y financieros”. La decisión se inscribe en un contexto de investigaciones judiciales más amplias, pero responde a una acción administrativa concreta del organismo de control.

La medida se canaliza a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), que depende de esa cartera, y apunta específicamente al control del cumplimiento de balances, estatutos y obligaciones formales. En paralelo, en el ámbito judicial, existen causas en curso vinculadas a presuntos delitos económicos, que tramitan por carriles penales separados.

Según informó el Gobierno, los balances bajo observación superan los USD 111.000.000 en el caso de la AFA y los USD 340.000.000 en el de la Superliga, entidad que ya no administra el torneo local.

La intimación y su alcance administrativo

A través de la Inspección General de Justicia (IGJ), se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga de Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas”, indicó la Secretaría de Justicia en un comunicado oficial.

El texto aclaró que el requerimiento se formula “así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”, y advirtió que la falta de respuesta o el incumplimiento dentro de los plazos otorgados “podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos”.

Además, la IGJ intimará a la AFA a presentar documentación vinculada con “gastos e inversiones relacionadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales”. Desde el Gobierno subrayaron que la AFA reviste la forma de asociación civil sin fines de lucro.

Igualdad ante la ley y advertencia institucional

“La igualdad ante la ley es un principio que reafirmamos: nadie está por encima de la ley ni tiene privilegios”, afirmó la Secretaría de Justicia, a cargo de Sebastián Amerio. En la misma línea, el inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, sostuvo que “la AFA debe cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ”.

Se trata de la primera intimación formal con apercibimiento de sanciones dirigida a la AFA y a la Superliga, luego de semanas de cruces públicos y declaraciones políticas desde la Casa Rosada y otras terminales del oficialismo.

Las observaciones contables acumuladas

Según expedientes administrativos de la IGJ a los que tuvo acceso este medio, el organismo acumula observaciones sobre los estados contables de la AFA correspondientes a siete ejercicios consecutivos, desde 2017 hasta 2023, que aún no recibieron respuesta completa por parte de la entidad.

En el ejercicio 2017, la IGJ solicitó aclaraciones sobre partidas por $44.841.921,49 asentadas en cuentas genéricas como “Otros” y “Varios”, sin detalle conceptual. En 2018, el esquema se repitió con $72.332.242,42 concentrados nuevamente en rubros sin apertura contable.

Para el ejercicio 2019, el organismo observó que los estados contables no estaban firmados por las autoridades correspondientes, un requisito que califica como condición excluyente, y detectó además una partida indefinida por $72.162.042,42.

En 2020, la IGJ reclamó el acta de asamblea aprobatoria y la memoria firmada en original, junto con la obligación de detallar dos cuentas: una por $103.454.194,71 y otra, vinculada a recursos extraordinarios por la pandemia de Covid, por $32.278.080.

Durante 2021, la AFA debió justificar otros $135.664.083,24 asignados a “fines diversos” y b asociados al Covid, ambos sin desagregación contable.

En 2022, las observaciones incluyeron la falta de la memoria anual y del inventario analítico de activos y pasivos firmados por el Consejo Directivo y el contador público.

El ejercicio 2023 fue el más voluminoso: la cuenta “Varios” registró $7.526.369.503, un monto que la IGJ exigió desagregar por considerarlo desproporcionado dentro del rubro “Otros créditos”. En ese mismo balance, el organismo pidió abrir partidas de gastos que superan los $58.000 millones, entre ellas $39.518 millones en “Selecciones Nacionales”, $3.119 millones en “Colegio de Árbitros y Medicina Deportiva” y $15.706 millones en “Administración y Gestión”.

Requerimientos previos e intimación formal

Al explicar el origen del conflicto, Vítolo precisó que las observaciones a la AFAno son nuevas”, pero introdujo una distinción procedimental clave. “Desde el año 2017 se le viene pidiendo a la AFA que muestre ciertos papeles. Del año 2017 hasta el año 2024 se le habían generado observaciones; la AFA no había respondido y jamás la habían intimado”, afirmó.

Según explicó, esos pedidos previos consistieron en requerimientos y observaciones técnicas, pero no en intimaciones formales con apercibimiento de sanción. El punto de inflexión se produjo con el análisis del balance presentado en 2024. “Cuando presentan el balance de 2024, generamos nuevas observaciones e intimamos por todas las anteriores que no habían sido respondidas. Ahí es donde se produce el enfrentamiento jurídico y oficial”, señaló.

El marco penal y los próximos pasos

Consultado sobre los pasos a seguir, Vítolo indicó que la IGJ evalúa “volver a intimar bajo apercibimiento de aplicar las sanciones correspondientes” y analizar la posibilidad de “pedir una veeduría administrativa para que intervenga la AFA en la parte contable”.

Al mismo tiempo, aclaró el alcance del accionar del organismo: “Nosotros, desde nuestra institución, vigilamos el funcionamiento de la AFA en cuanto a si cumple con su estatuto”. La eventual investigación de delitos como corrupción o lavado de dinero, subrayó, corresponde al ámbito de la Justicia penal y se tramita por vías independientes.

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