La Iglesia advirtió sobre el nivel de endeudamiento que atraviesan las familias argentinas y reclamó que el Gobierno analice la problemática con una mirada que vaya más allá de los datos inmediatos. 

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, reclamó criterios claros para la contracción de deudas y una intervención concreta de las autoridades nacionales para encontrar un alivio.

En declaraciones a Radio Mitre Mendoza, sostuvo que es necesario establecer pautas más claras al momento de asumir compromisos financieros. Entre las posibilidades que planteó, mencionó la necesidad de analizar qué proporción del sueldo de una persona puede quedar destinada al pago de deudas. "Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar", afirmó Colombo. 

"Familias que se endeudaban por razón del juego, como adicción. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas", señaló el prelado.

Para el titular de la CEA, la situación requiere una respuesta concreta. "Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar", afirmó.

Sobre los distintos tipos de endeudamiento, Colombo señaló que "hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer".

El diagnóstico de la Iglesia coincide con el deterioro acelerado de la capacidad de pago de los hogares. Según el informe del CEPA con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Central de Deudores (CENDEU), la mora bancaria familiar trepó al 12,8% en junio de 2026, mientras que en billeteras virtuales alcanzó el 30,1%, superando el pico del 27,1% registrado durante la pandemia en mayo de 2020. En total, 5,91 millones de personas se encuentran en situación irregular dentro de un universo de 20,96 millones de deudores.