La Sala I de la Cámara Federal, integrada por Mariano Llorens y el flamante juez Pablo Bertuzzi - juró en el cargo el jueves-, confirmó el archivo de la causa que investigaba el préstamo de USD 57.100 millones que el gobierno de Mauricio Macri tomó con el Fondo Monetario Internacional en 2018. 

El tribunal rechazó el recurso de la fiscalía, a cargo de Franco Picardi, contra la decisión de primera instancia de la jueza María Eugenia Capuchetti, que había ordenado el archivo en febrero.

Quiénes quedaron fuera de sospecha

La causa investigaba al propio Macri, al entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y a dos funcionarios que hoy integran el gabinete de Javier Milei: el ministro de Economía Luis Caputo, en 2018 secretario de Finanzas, y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, por entonces titular del Banco Central.

Qué había objetado la fiscalía

Picardi había cuestionado la falta de intervención del Congreso para tomar el crédito, la ausencia de un decreto presidencial que formalizara el acuerdo, la falta de participación del jefe de Gabinete y la actuación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas. 

También señaló la falta de un dictamen del Banco Central previsto por la Ley 24.156 y la apertura tardía de expedientes administrativos.

Un perjuicio que no alcanzó para acusar

Un informe de la SIGEN había estimado un perjuicio patrimonial para el Estado de USD 29.618 millones, pero los camaristas consideraron que ese dato, por sí solo, no prueba una administración fraudulenta.

Según el fallo, ese delito exige además una disposición patrimonial consciente de su carácter perjudicial o una sustracción de fondos, algo que la fiscalía no logró acreditar.

"Urgencia financiera" y el límite del control judicial

Los jueces sostuvieron que el acuerdo se negoció en un contexto de "urgencia financiera" y remarcaron que el Poder Judicial no está para revisar el acierto o el error de las decisiones económicas de un gobierno, en línea con el precedente "Dólar Futuro". 

También descartaron el delito de abuso de autoridad, que exige un dolo específico de violar la ley que la fiscalía no pudo probar.

Cinco años de instrucción

La investigación se extendió más de cinco años e incluyó informes de la Auditoría General de la Nación, la SIGEN y el Banco Central, además de testimonios y documentación sobre la formación de activos externos. Para la Cámara, la fiscalía no logró precisar qué nuevas medidas podrían modificar esa conclusión.

Macri mantiene abiertas otras tres causas: la del Correo Argentino, por presunto fraude en el acuerdo de 2016 con la empresa de su familia; la de los peajes de Autopistas del Sol, cerca de su cierre; y la de los parques eólicos, vinculada a la compra y reventa de proyectos de Isolux Corsán, en la que el expresidente no está imputado.