La Justicia bonaerense frenó la privatización de AySA impulsada por Milei
El magistrado Mariano López frenó la privatización de AySA al aceptar una medida cautelar que ordena proteger el servicio del agua en 26 municipios bonaerenses
La Justicia bonaerense frenó el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
El juez Mariano López, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, dictó una medida cautelar de no innovar que suspende la transferencia de la empresa estatal al sector privado. Esta resolución judicial responde a una presentación de la Defensoría del Pueblo provincial, orientada a resguardar el acceso universal al agua potable y la preservación ambiental en el territorio.
El fallo obliga a la compañía pública a mantener vigentes todas sus obligaciones operativas, de infraestructura y de inversión tecnológica. La medida rige de manera directa sobre los 26 municipios de la provincia de Buenos Aires donde la firma distribuye sus servicios. Según el tribunal, el traspaso corporativo diseñado por el Poder Ejecutivo nacional debilita los mecanismos de control estatal y pone en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales para los usuarios.
La acción legal que originó la suspensión fue promovida por el defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. El organismo advirtió la falta de garantías en el nuevo esquema de concesión respecto a la expansión de las redes cloacales y el mantenimiento técnico de la infraestructura actual.
El planteo judicial denunció que el proyecto oficial posterga inversiones estratégicas en saneamiento y diluye las exigencias regulatorias en materia de remediación ambiental.
La decisión judicial interrumpe el cronograma que ejecutaba el Ministerio de Economía para desprenderse del patrimonio estatal. El plan original del Ejecutivo contempla la venta del 51% del paquete accionario de AySA a un operador privado y la colocación del porcentaje restante en el mercado financiero. El esquema prevé un contrato de concesión por un período de 30 años, con una prórroga opcional de una década adicional.
La vigencia de la medida cautelar paraliza el llamado a licitación pública en marcha hasta que los tribunales resuelvan la cuestión de fondo.


