La Justicia desestimó la denuncia de Villarruel contra Petri por calumnias e injurias
El tribunal consideró que las declaraciones del exministro se encuadran en el derecho a la opinión y no configuran delito.
La Justicia federal desestimó la denuncia presentada por la vicepresidenta Victoria Villarruel contra el exministro de Defensa Luis Petri por presuntas calumnias e injurias.
La decisión fue tomada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, que concluyó que los dichos cuestionados no constituyen delito ni reúnen los elementos necesarios para una acción penal.
El origen de la denuncia
La presentación judicial se originó a partir de declaraciones públicas de Petri realizadas el 2 de marzo, en las que sostuvo que Villarruel había sido "funcional a la oposición" y que "apostó al fracaso del Gobierno".
Según la denuncia, esas afirmaciones "constituyen agravios, mentiras e información falsa" que afectan tanto su persona como el cargo institucional que ocupa.
La Justicia determinó que las declaraciones de Petri no configuran ilícito penal y deben interpretarse dentro del debate político.
El fallo judicial
En su resolución, el tribunal sostuvo que los hechos denunciados no encuadran en delitos de acción pública, por lo que resolvió desestimar la causa.
Además, indicó que las expresiones analizadas no tienen la entidad suficiente para afectar el democrático ni el orden constitucional, tal como había planteado la vicepresidenta.
Argumentos del fiscal
El dictamen del fiscal Ramiro González fue clave en la decisión. Allí se señaló que las manifestaciones de Petri se inscriben dentro del derecho a la crítica y la opinión política.
También advirtió que avanzar con una causa penal en este contexto implicaría un uso desproporcionado del poder punitivo del Estado, en relación con expresiones vinculadas al debate público.
La denuncia fue presentada por Victoria Villarruel tras declaraciones públicas de Luis Petri en marzo; el tribunal consideró que los dichos no constituyen delito ni afectan el orden constitucional; el dictamen fiscal sostuvo que se trata de expresiones protegidas por la libertad de opinión en el ámbito político; la causa fue desestimada por no configurar ilícitos de acción pública.
La resolución refuerza el criterio de que las expresiones en el ámbito político están amparadas por la libertad de opinión, incluso cuando implican críticas o cuestionamientos entre dirigentes.
