El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, rechazó este lunes el pedido de detención del exintendente Martín Insaurralde, solicitado por el fiscal federal Sergio Mola en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El planteo de la fiscalía se produjo tras la difusión de videos en los que se observan fajos de dólares en el vestidor de una vivienda que el exfuncionario tendría en San Vicente.

Qué medidas impuso el juez

Aunque descartó las detenciones, Armella ordenó la prohibición de salida del país para Insaurralde. La medida también alcanza a Luciano Insaurralde, Rodrigo Agustín Martín Insaurralde, Gastón Barrachina, Víctor Mario Donadío y Sofía Clerici.

Además, deberá permanecer dentro de un radio de 50 kilómetros de su domicilio, salvo autorización judicial, y comunicar con antelación cualquier ausencia que supere las 24 horas.

Por qué el juez rechazó la detención de Insaurralde

Según la resolución, el magistrado consideró "prematuro" avanzar con la detención y con el llamado a declaración indagatoria de Insaurralde.

El fiscal Mola había argumentado que existía riesgo de fuga y la posibilidad de que el exfuncionario ocultara pruebas, pero el juez entendió que esas circunstancias no justificaban, por el momento, una medida de esa gravedad.

La investigación sigue con nuevas medidas

En paralelo, la fiscalía pidió una inspección ocular en la vivienda donde se habrían filmado los videos incorporados al expediente y solicitó peritar el teléfono de Insaurralde.

También requirió un análisis técnico de las imágenes para establecer el monto de dinero que aparece en los registros, además de determinar la fecha de grabación y el origen de los archivos mediante el estudio de sus metadatos.

El origen de la causa

La investigación comenzó tras el viaje que Insaurralde realizó en 2023 a Marbella y se reactivó en las últimas semanas luego de la difusión de los videos con grandes sumas de dinero en efectivo.

Uno de los ejes del expediente es la firma Sasaxa Libero S.A., identificada por la Justicia como la propietaria de la casa de San Vicente. 

En ese marco, un contador declaró que firmaba balances de la empresa sin conocer personalmente a Insaurralde y aseguró que sus claves fiscales fueron utilizadas para presentar documentación sin su intervención.