El Congreso recibió el 30 de marzo un proyecto de ley conocido como "Ley Cazzu", que propone suspender de manera provisoria la responsabilidad parental en casos de incumplimiento. 

El proyecto sumó rápidamente un gran respaldo social: una petición en Change.org superó las 33.000 firmas

La iniciativa, impulsada por el senador Carlos Linares junto a la organización Abogadas Feministas AMBA, apunta a destrabar decisiones cotidianas cuando uno de los progenitores no cumple con sus obligaciones.

La propuesta modifica el Código Civil y Comercial para habilitar una intervención judicial ágil en situaciones concretas. Podría aplicarse cuando haya falta de pago de al menos tres cuotas alimentarias consecutivas -o seis alternadas- o cuando se registre una ausencia sostenida, presencial o virtual, durante un mínimo de tres meses.

El objetivo es que el progenitor que ejerce el cuidado efectivo pueda tomar decisiones sin depender de la autorización de quien incumple. Esto incluye desde permisos para viajar al exterior hasta trámites administrativos, de salud o educación.

Desde la organización impulsora aclaran que la medida no implica una quita definitiva de derechos. Buscan evitar que la titularidad formal de la responsabilidad parental se convierta en un obstáculo en contextos de incumplimiento grave. En ese sentido, sostienen: "El Estado debe contar con herramientas eficaces para evitar que esa titularidad formal se transforme en una barrera para el desarrollo de los hijos".

El caso que impulsó el debate

La iniciativa toma su nombre de Cazzu (Julieta Cazzuchelli), quien expuso públicamente un conflicto con su expareja, el cantante mexicano Christian Nodal, por la posibilidad de viajar con su hija.

Tras la separación en 2024, uno de los principales puntos de conflicto fue la autorización para que la niña pudiera salir del país. Por su actividad profesional, la artista necesita trasladarse con frecuencia, pero la falta de acuerdo derivó en trabas legales.

En una entrevista, relató una situación durante una mediación: "Ese hombre me miró a los ojos y me dijo: ‘tenemos el control sobre vos y tu hija'". El testimonio amplificó el debate y llevó el tema al plano político.

De México a la Argentina

El primer antecedente surgió en México. Allí, la diputada Sandra Arreola Ruiz presentó un proyecto con un enfoque similar en el estado de Michoacán: priorizar el interés superior del niño ante incumplimientos parentales.

"La patria potestad no puede seguir utilizándose como un instrumento de control", sostuvo la legisladora.

Ese enfoque se trasladó a la Argentina. El proyecto busca limitar la capacidad de decisión de progenitores que no cumplen con deberes básicos como el sostenimiento económico o el vínculo con sus hijos.

Un problema extendido

Los fundamentos incluyen datos que reflejan la dimensión del fenómeno. En Argentina, el 16% de los hogares son monoparentales y más de ocho de cada diez tienen jefatura femenina. Más de tres millones de niñas, niños y adolescentes viven en hogares monomarentales.

Además, más de la mitad de las madres no recibe cuota alimentaria cuando el padre no convive. Si se suman los pagos irregulares, el porcentaje asciende al 68%. En la provincia de Buenos Aires, el 66,5% no percibe aportes o los recibe de manera esporádica.

El proyecto también advierte sobre prácticas como la obstrucción parental -el uso de derechos formales para bloquear decisiones- y la violencia vicaria, cuando los hijos son utilizados como herramienta de control.

El marco legal y las limitaciones actuales

El Código Civil y Comercial establece la responsabilidad parental como un conjunto de deberes y derechos orientados al cuidado y desarrollo de los hijos. Desde la reforma de 2015, el sistema prioriza el cuidado compartido.

Sin embargo, los autores del proyecto sostienen que esa corresponsabilidad no siempre se cumple. En muchos casos, el ejercicio formal conjunto convive con incumplimientos sostenidos en la manutención, el cuidado y el vínculo.

De avanzar en el Congreso, la "Ley Cazzu" podría introducir un cambio relevante en el abordaje legal de la responsabilidad parental, con foco en resolver de manera más ágil conflictos que hoy afectan la vida cotidiana de miles de familias.