El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados mantendrá este martes a las 18 una reunión clave para ordenar la estrategia parlamentaria frente a los proyectos incluidos en el temario de sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta el 27 de febrero.

El encuentro se realizará en el Salón de Honor del Palacio Legislativo y será encabezado por el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni. Desde el oficialismo anticipan una amplia convocatoria de legisladores y un clima de fuerte alineamiento político para defender las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Reforma laboral, eje central del oficialismo

La reforma de "modernización" laboral aparece como el principal objetivo del Gobierno durante el verano legislativo. El proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría desde diciembre y comenzará su recorrido en el Senado.

La presidenta del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, impulsa la apertura del recinto el 11 de febrero para avanzar con la media sanción. En el oficialismo confían en que el proyecto logrará ser aprobado, pese a la resistencia de sectores opositores.

Desde Unión por la Patria dan por descontado ese escenario y ya anticipan que recurrirán a la Justicia para frenar lo que consideran efectos "regresivos" e "inconstitucionales", en caso de que la iniciativa se convierta en ley.

Cambios en la Ley de Glaciares y respaldo provincial

Otro de los proyectos que comenzará su trámite en el Senado es la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que cuenta con el respaldo del Gobierno nacional y de varias provincias mineras, interesadas en flexibilizar las condiciones para el desarrollo de actividades extractivas.

La propuesta genera expectativa en las economías regionales, pero también despierta cuestionamientos de sectores ambientalistas y de la oposición.

Régimen Penal Juvenil: el debate más sensible

Mientras espera definiciones sobre la reforma laboral, el oficialismo también deberá avanzar con el resto del temario, entre los que sobresale la reforma del Régimen Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad.

El proyecto fue debatido en siete reuniones de comisión durante 2024 y tuvo dos nuevos encuentros en marzo del año pasado. Finalmente, en mayo obtuvo dictamen, aunque el tema perdió centralidad en la agenda oficial hasta ahora.

Según fuentes legislativas, el Gobierno propone fijar la edad mínima en 13 años para delitos graves, pero el consenso actual en el Congreso se inclina por establecerla en 14 años.

La iniciativa también establece que no podrá aplicarse prisión perpetua a menores y fija un máximo de 20 años de condena, aun cuando la escala penal sea mayor por la concurrencia de delitos.

Desde Unión por la Patria, la posición mayoritaria es de rechazo, al considerar que se trata de una medida punitivista y demagógica, que no aborda las causas estructurales de la violencia juvenil. Sin embargo, algunos diputados peronistas, como Ramiro Gutiérrez, se desmarcan y avalan una edad mínima punible de 14 años.

Oposición en alerta y tensiones internas

El principal bloque opositor también prepara su propia estrategia. La bancada que conduce Germán Martínez se reunirá el miércoles para coordinar una resistencia parlamentaria frente al avance del oficialismo, tanto en la reforma laboral como en la ley penal juvenil.

Además, emerge un tema que genera fuertes desacuerdos internos: el tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Mientras un sector del bloque ve el acuerdo como una oportunidad de expansión comercial y un contrapeso al eje con Estados Unidos, otros referentes ya adelantaron su rechazo.

En paralelo, fuentes legislativas advierten que el texto del tratado aún debe ser autenticado diplomáticamente, ya que la versión en español presenta errores de redacción, lo que impediría su tratamiento durante las sesiones extraordinarias.

Con un febrero cargado de definiciones, el Congreso se encamina a semanas de alto voltaje político, donde el oficialismo buscará capitalizar su iniciativa legislativa y la oposición intentará marcar límites en los debates más sensibles del calendario parlamentario.