La oposición logró este miércoles emitir dictamen de mayoría para declarar la emergencia pública nacional en materia de violencia de género contra las mujeres y diversidades. 

La iniciativa reunió 16 firmas en la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados y no contó con el respaldo de La Libertad Avanza.

El debate se desarrolló en medio de la conmoción generada por el femicidio de Agostina en Córdoba. El proyecto propone declarar la emergencia por un plazo de dos años, con posibilidad de prórroga por igual período, con el objetivo de prevenir y reducir los índices de violencia machista.

Qué propone el proyecto

La iniciativa fue tratada en la comisión presidida por la diputada Gabriela Estévez. El texto plantea reforzar las políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia y protección de mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia.

Durante el debate, la diputada Nancy Sand sostuvo que la discusión responde a una necesidad "urgente y triste" porque la violencia de género sigue siendo "una problemática y una emergencia real en el país".

La legisladora argumentó que las estadísticas justifican la declaración de emergencia y remarcó que cualquier normativa resulta insuficiente sin decisión política, recursos y políticas efectivas.

Los datos sobre femicidios en Argentina

Según los datos expuestos por Sand, durante 2024 se registraron 147 femicidios, lo que equivale a un caso cada 39 horas. En tanto, durante 2025 se contabilizaron entre 200 y 271 víctimas, con más del 80% de los agresores pertenecientes al entorno íntimo.

La diputada agregó que en lo que va de 2026 ya se registraron entre 95 y 105 víctimas fatales, lo que representa un crimen cada 35 horas.

Además, señaló que la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, mientras que Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy exhiben las tasas más altas por habitante.

Críticas al Gobierno por las políticas de género

Por su parte, Esteban Paulón cuestionó al Poder Ejecutivo por el desmantelamiento de programas vinculados a la prevención y asistencia de víctimas.

El legislador aseguró que existe un incumplimiento de la Ley Micaela y advirtió sobre la persistencia de condiciones que favorecen la impunidad. También afirmó que durante 2026 se registraron 125 tentativas de femicidio, a razón de una cada 26 horas, y que el 46% de los hechos ocurrió dentro de los hogares.

Paulón reclamó que el Estado vuelva a garantizar herramientas concretas para prevenir y erradicar la violencia de género en coordinación con las provincias.

La postura de La Libertad Avanza

Desde La Libertad Avanza, la diputada salteña María Gabriela Flores cuestionó que el oficialismo de la comisión no hubiera consensuado previamente el texto con el bloque libertario.

La legisladora calificó la iniciativa como un proyecto con un objetivo "efectista y oportunista" y rechazó las críticas hacia el liberalismo. No obstante, aclaró que su espacio no niega la existencia de la violencia contra las mujeres.

Flores sostuvo que las políticas implementadas hasta 2023 no lograron reducir los índices de femicidio y remarcó que el debate debe centrarse en la eficacia de las herramientas aplicadas por el Estado.